Roma (EFE).- Los equipos de rescate han hallado hoy el cadáver de un hombre, la octava víctima mortal del corrimiento de tierra ocurrido en la isla italiana Ischia (sur), que causó además cientos de desplazamientos, mientras continúan la búsqueda de las cuatro personas que permanecen desaparecidas.
El último cadáver fue localizado esta mañana en la localidad de Casamicciola, la más afectada por el desprendimiento ocurrido en la noche del pasado sábado, mientras aumenta la polémica por las amnistías aprobadas en el pasado para la construcción de casas en la isla italiana.
Tras el derrumbe, hasta el momento se han recuperado ocho cadáveres, entre ellos los de dos niños y un recién nacido, mientras continúan sin descanso las operaciones para buscar a las cuatro personas que siguen desaparecidas. Además, hay 4 heridos y 230 desplazados.
El trabajo de búsqueda se concentra sobre todo en el sótano de una de las casas arrasadas por el desprendimiento de una parte de la montaña, pero para acceder a él es necesario completar la limpieza del camino de acceso.
El camino se encuentra cubierto de barro, uno de los obstáculos más difíciles de eliminar en las distintas zonas afectadas por el derrumbe, según explican los socorristas.
Los equipos continuaron con la búsqueda durante toda la noche, sobre todo en la zona donde se encontró a dos de los niños, porque es muy probable “que en ese punto estén también los otros desaparecidos, pero es complicado porque a esa zona sólo se puede llegar a pie”, explicó el jefe de comunicación de los bomberos Luca Cari.
En la actualidad, un tercio de las 60.000 casas de Ischia pidieron una amnistía por haber sido construidas donde no se debe, según la asociación Legambiente.
El jefe del Departamento de Protección Civil, Fabrizio Curcio, advirtió de “que más del 94 % de los municipios corren peligro de corrimientos y de inundaciones por el riesgo hidrogeológico”.
Italia debate sobre las amnistías a casas ilegales tras el desastre de Ischia
Italia debatió hoy sobre la legislación que permite amnistiar la construcción de casas irregulares y sobre la necesidad de demoler las que estén en zonas de riesgo, después del corrimiento de tierra en la isla de Ischia (sur).
“Primero daremos digna sepultura a las víctimas y después será el momento de hablar de responsabilidad y de correcciones porque la normativa actual necesita cambios concretos y, en ocasiones, incluso radicales”, afirmó el ministro de Protección Civil, Nello Musumeci.
Italia no solo es un país muy sísmico -el último gran terremoto asoló Amatrice en 2016 y dejó 300 muertos- sino que la mayoría de su territorio está en zonas en riesgo hidrogeológico, merced de aludes y corrimientos, dada su orografía montañosa (delimitado por el norte por los Alpes y recorrido de norte a sur por los Apeninos).
Sin embargo, en muchas ocasiones se construyeron barrios enteros en zonas amenazadas, como demuestra el caso de Ischia, donde unas 30 casas han quedado arrasadas por encontrarse no solo a los pies de la montaña sino en medio del descenso natural de eventuales detritos.
En el centro del debate hay una ley aprobada en 2018 por el gobierno del Movimiento 5 Estrellas de Giuseppe Conte y la Liga de Matteo Salvini para reconstruir el puente de Génova (norte) y que incluía normas para la rehabilitación de algunas viviendas de Ischia destruidas por el terremoto de agosto de 2017, que dejó dos muertos.
En su artículo 25, titulado “Definición de los procedimientos para la condonación”, ofrecía dinero público para reconstruir las casas arrasadas, incluidas las “abusivas” que hubieran sido regularizadas en las tres amnistías precedentes, en 1985, 1994 y 2003.
Más allá de las críticas a Conte, que ha negado su intención de amnistiar estas viviendas irregulares, y al silencio de Salvini, actual vicepresidente, hoy varios exponentes del Ejecutivo han apuntado a la necesidad de cambiar esta normativa e incluso demoler las zonas amenazadas.
El más tajante fue el ministro del Medio Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, quien apostó por “meter en la cárcel a los alcaldes y quienes permitan construir” ilegalmente y opinó que “confiscaría las casas irregulares para estudiar luego cada caso”.
Por su parte, el ministro Musumeci puso cautela y defendió que sobre “la necesidad de proceder con la firma de órdenes de derribo de casas abusivas, sobre todo las que están en zonas de alto riesgo, primero hace falta una dotación financiera”, encontrar dinero.
“Es un tema complejo y difícil pero no podemos dejar solos a los alcaldes”, abogó.
El gobernador de la región de Campania, a la que pertenece Ischia, Vincenzo De Luca, sostuvo que “las personas deben entender que en algunas áreas no se puede vivir” y que “las construcciones en zonas frágiles desde el punto de vista geológico deben ser demolidas”.
