Bangkok (EFE).- Un grupo de 16 birmanos ha presentado una querella contra la cúpula militar de Birmania (Myanmar) por diversos delitos graves ante la Fiscalía General de Alemania bajo el principio de justicia universal, informó este martes la ONG Fortify Rights.
En un comunicado, la oenegé, que participa en el proceso, señaló que la querella de 215 páginas y más de 1.000 folios de anexos. Incluye delitos como el genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por los militares birmanos contra la comunidad rohinyá en 2016 y 2017 y tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.
La mitad de los denunciantes son supervivientes de las operaciones militares contra los rohinyás, una comunidad mayormente musulmana, mientras que otros son víctimas de la represión cometida por la junta militar en los dos últimos años.
Fortify Rights presentó la querella el pasado 20 de enero a través del bufete de abogados Covington & Burling. Los documentos se encuentran ya en manos de las autoridades alemanas, aunque no son públicos.
“Un frente unido y étnicamente diverso de supervivientes de varios lugares de Birmania presentan esta iniciativa legal para buscar justicia y rendición de cuentas”, indicó el cofundador y jefe ejecutivo de Fortify Rights, Matthew Smith.
“A pesar de la atención internacional y varias iniciativas de justicia, el Ejército birmano aún disfruta de total impunidad (…) La ley de jurisdicción universal en Alemania es un modelo global para combatir la impunidad de los peores crímenes y permitir el acceso a la justicia a los supervivientes sin importar dónde se cometen los crímenes o dónde están las víctimas”, agregó Smith.
La justicia o jurisdicción universal es un principio que permite a los estados iniciar procesos judiciales contra personas acusadas de delitos graves de repercusión internacional como el genocidio, crímenes contra la humanidad y de guerra, sin importar dónde se cometió el delito o dónde se encuentren los acusados o las víctimas.
Denunciantes de diverso origen étnico
Entre los denunciantes hay seis mujeres y diez hombres de diversas procedencias étnicas (birmanos, chin, karen, karenni, mon, rakáin y rohinyá) que actualmente viven en Alemania, Birmania, Bangladés, India, Malasia y Estados Unidos.
Uno de estas víctimas es una mujer rohinyá de 51 años, identificada como F.K., que perdió a siete miembros de su familia en agosto de 2017 durante las operaciones militares en el estado Rakáin. Allí vio a los soldados torturar y asesinar a hombres y niños.
Esas operaciones provocaron más de 10.000 muertos y el éxodo de más de 740.000 rohinyás a la vecina Bangladés, donde continúan hoy día viviendo en campos de refugiados.
“Quiero justicia por este genocidio para que no ocurra otra vez”, indicó F.K., que oyó cómo los soldados violaban a su nuera y tiene las cicatrices de cuchilladas que recibió de los militares.
Thi Da, una mujer chin de 35 años y madres de tres hijos, denuncia que los militares arrestaron en septiembre de 2021 a su marido, que se encuentra desaparecido desde entonces.
Varias ONG birmanas y personas como el relator especial de la ONU Tom Andrews y exrelatores Tomas Quintana y Yanghee Lee se han comprometido a colaborar con la justicia alemana en este caso.
Espiral de violencia
El golpe militar del 1 de febrero de 2021 sumió a Birmania (Myanmar) en una profunda crisis política, social y económica. Ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
Al menos 2.800 personas, incluidos 278 niños, han muerto por la brutal represión ejercida de parte de las fuerzas de seguridad, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados. Más de 13.600 permanecen detenidas, según datos de la oenegé birmana Asociación de Apoyo a los Presos Políticos (AAPP).
Las operaciones militares contra los rohinyás están siendo investigadas en distintos tribunales internacionales. Por supuesto genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Por crímenes de guerra y contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI). Y por presunto genocidio ante la justicia argentina también en virtud de la justicia universal.
