Lima (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves que, durante las protestas antigubernamentales en Perú, hubo “ataques generalizados” hacia la población por parte de las fuerzas del orden y que la “grave crisis de derechos humanos” que vive el país ha sido alimentada por el racismo y la criminalización contra comunidades indígenas y campesinas.
“Efectivamente, en Perú se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de ataques generalizados hacia la población, con la intención de castigar y silenciar a personas que ejercen su legítimo derecho a la protesta”, aseguró la directora para las Américas de AI, Erika Guevara, durante la presentación de los hallazgos preliminares de la misión que investiga la crisis peruana.
Uso letal de la fuerza
Guevara insistió en que el “uso excesivo y desproporcionado de la fuerza” por parte de las fuerzas del orden, que incluyó “uso ilegítimo de armas letales y armas menos letales de manera indiscriminada”, ha dejado un saldo “fatal y trágico”, que “profundiza el racismo sistémico que existe en las autoridades del Estado”.
“Las autoridades peruanas han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del Gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos”, aseveró.
La organización destacó que las protestas estallaron en regiones del sur, las “más marginadas del país”, cuya población, mayoritariamente indígena, es “objeto históricamente de discriminación y de desigualdad”.
Resaltó, en este sentido, que mientras que los departamentos con más población indígena representan el 13 % de la población peruana, estos concentran el 80 % de las muertes totales registradas desde el inicio de la crisis, en diciembre pasado.
“No es casualidad que decenas de personas dijeran a AI que sentían que las autoridades las trataban como animales y no como seres humanos. El racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas, ha sido el motor de la violencia ejercida como castigo contra las comunidades que han alzado la voz”, recogió AI en un comunicado.
Estos hechos, alertó Guevara, “podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, lo que es un crimen bajo el derecho internacional, que tiene responsabilidades, no solo de quien jaló el gatillo sino de quien dio la orden”.
Falencias en la justicia de Perú
Tras denunciar los ataques a la prensa durante la cobertura de las movilizaciones sociales, AI mencionó la “criminalización” de la protesta mediante discursos que afirman sin pruebas que existen vínculos con el terrorismo y grupos criminales y mediante casos como el desalojo de manifestantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, cuyo operativo dio cuenta de “posibles tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Guevara advirtió, además, que “existen indicios de que se podría estar utilizando el sistema judicial de manera inapropiada para perseguir y silenciar a las persona que participan de las protestas”.
Expresó, en este sentido, su “gran preocupación” ante la falta de “recursos, capacidad y experticia” de las fiscalías regionales que podría llevar a la “impunidad”.
Por eso, entre las recomendaciones preliminares de su investigación, AI urge al Ministerio Púbico a avanzar de manera “pronta y exhaustiva” en la identificación de los posibles responsables de violaciones de derechos humanos hasta el más alto nivel.
La organización también exhortó a las autoridades a poner fin al uso de la fuerza letal, así como a la estigmatización y “discriminación racial estructural”.
“Reiteramos nuestro llamado a la presidenta interina Dina Boluarte y al resto de autoridades del Estado a poner fin a la represión, atender las demandas legítimas de quienes protestan y garantizar que el Estado cumpla con su obligación de investigar todas las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables”, concluyó.
La misión de AI enviada a Perú viajó a los sureños departamentos de Ayacucho, Apurímac y Cuzco entre los días 29 de enero y 11 de febrero y se reunió con altos funcionarios, entre ellos Boluarte, y múltiples representantes de las fuerzas de seguridad, fiscales, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, heridos y familiares de las víctimas mortales de las protestas, que ascienden a 70, según diversas fuentes.
