Buenos Aires (EFE).- El Tribunal Oral Federal 2, que el pasado 6 de diciembre condenó a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, a 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por defraudación en la obra pública, dijo este jueves que se trata de “un grave hecho de corrupción sin precedentes” en el país.
“Estamos hablando de una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia de nuestro país”, argumentó el tribunal al publicar este jueves los argumentos de la sentencia, para luego indicar que se trató de “un grave hecho de corrupción sin precedentes”.
El tribunal también calificó de “cliché” la defensa de la también expresidenta (2007-2015) de calificar el proceso como una expresión concreta de ‘lawfare’ (o guerra judicial), llevada adelante supuestamente por sus opositores políticos, el Poder Judicial y algunos medios de comunicación.
Los jueces señalaron que Cristina Fernández es una de las autoras del delito investigado y una “intervención fundamental” en las irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y la vicepresidenta en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
La resolución hace referencia al “tenor de sus aportes a la fastuosa defraudación emprendida, el ámbito preponderante que ocupaba para la toma de las decisiones imprescindibles para su ejecución” y al “poder inaudito del que gozaba para influir en cada rincón estatal que interfiriera en el plan”.
Como también al “ya mencionado interés personal que sustentaba toda la maquinaria montada para el desvío de fondos públicos”.
Todo eso constituye “la estructura que permite concluir que su conducta fue la que representó el mayor nivel de disvalor del hecho”, explicó en un texto de 1.616 hojas.
El tribunal también argumentó las condenas a los otros ocho exfuncionarios enjuiciados en la misma causa.
Lawfare
La defensa de la expresidenta, que calificó el proceso como una expresión concreta de ‘lawfare’ (o guerra judicial) llevada adelante supuestamente por sus opositores políticos, el Poder Judicial y algunos medios de comunicación, fue calificado por el tribunal como una “coartada” para eludir la rendición de cuentas.
Resaltó que no entiende “de qué modo la hipótesis conspirativa” podría impactar en el análisis de los jueces, en tanto “no niega ni explica los hechos que fueron comprobados ni la prueba que los acredita”.
E indicó que resulta un “cliché” vincular el devenir del proceso con la coyuntura política o el calendario electoral, aunque “ahora parece más sofisticado hablar de lawfare”.
¿Proscripción?
Tras la publicación de los fundamentos, se abre la etapa de apelaciones. Y se espera que la defensa de la vicepresidenta presente el correspondiente recurso.
Fernández podría beneficiarse, por haber cumplido ya 70 años, del arresto domiciliario si la condena quedara en firme. Se prevé la reacción de la propia Cristina Fernández este viernes en una aparición en la Universidad Nacional de Río Negro, donde brindará la conferencia “¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria”.
En la primera aparición de Cristina Fernández tras conocer la sentencia por corrupción, en diciembre pasado, se definió como blanco de una “maniobra” para proscribirla políticamente y anunció que no se presentará a los comicios generales de 2023.
Ya el ministro del Interior, Wado de Pedro, aseguró a los medios este jueves que “el código penal reemplazó al código electoral” en Argentina, y afirmó que el país “otra vez” entra “en una etapa de proscripción”, en referencia a lo sufrido por Juan Perón en 1956, y agregó que “este es otro día de persecución, donde sectores del poder judicial están cumpliendo un rol disciplinador”.
Pero dirigentes del kirchnerismo preparan para el próximo sábado un acto en la localidad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, para reclamarle que sea candidata a presidenta en las elecciones de este año.
