Lima, (EFE).- La Comisión de Constitución del Congreso de Perú rechaza una nueva iniciativa que planteaba adelantar las elecciones generales para finales de este año, uno de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que desde diciembre se han cobrado la vida de 76 personas.
Con 12 votos en contra, 9 a favor y ninguna abstención, la comisión parlamentaria desestimó la propuesta legislativa que agrupaba 16 proyectos de ley y establecía la celebración de nuevos comicios en diciembre de 2023.
La Comisión de Constitución comenzó el debate del adelanto de elecciones luego de que el pleno del Parlamento ratificara su decisión de analizar nuevamente la propuesta.
El texto sometido a votación, que no incluía la petición de los grupos izquierdistas de realizar una consulta sobre una asamblea constituyente, proponía que la presidenta Dina Boluarte convoque elecciones el segundo domingo de diciembre y concluya su mandato el 30 de abril de 2024, un día después de los congresistas.
Establecía, además, que quien resultara elegido como presidente asumiera el cargo desde el 1 de mayo de 2024 hasta el 28 de julio de 2028.
Por su parte, los congresistas elegidos asumirían sus funciones el 30 de abril de 2024 y las concluirían también a fines de julio de 2028.
Aunque el debate sobre el adelanto de comicios generales retornó a la Comisión de Constitución con el respaldo de 69 de los 130 legisladores que integran el Congreso peruano, las posibilidades de llegar a acuerdos se vislumbraban lejanas.
Reclamo de las protestas antigubernamentales
El adelanto electoral es uno de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales de Perú, pero hasta el momento el Congreso no se ha puesto de acuerdo para aprobar iniciativas que planteaban comicios para 2023 o 2024, dos de ellas del Ejecutivo y otras dos de bancadas parlamentarias, entre ellas del fujimorismo.
Actualmente, las protestas se han concentrado en la sureña región de Puno (fronteriza con Bolivia), epicentro de las movilizaciones que estallaron tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y que suman un saldo de 76 personas fallecidas, según diversas fuentes.
Las movilizaciones también exigen la convocatoria a una asamblea constituyente y la renuncia de Boluarte, quien asumió la Presidencia peruana por sucesión constitucional tras haber sido elegida vicepresidenta de la fórmula que encabezó Castillo en las elecciones de 2021.
Acusación a exministros, a debate
La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó este martes acusar por los delitos de rebelión y conspiración a la ex jefa de gabinete Betssy Chávez y a dos exministros por su presunta participación en el fallido autogolpe de Pedro Castillo en diciembre pasado, con lo que la decisión final sobre el caso se debatirá en el pleno del Parlamento.
Con esta decisión, el Parlamento queda listo para debatir en el pleno la acusación constitucional contra Chávez y el exministro de Comercio Roberto Sánchez, ambos también diputados, así como contra el extitular de Interior Willy Huerta, además de evaluar el desafuero de los dos legisladores en ejercicio.
La comisión aprobó por 24 votos la acusación contra Chávez, por 23 votos la de Sánchez y por 19 votos la de Huerta, en una sesión en la que los dos últimos presentaron su defensa.
Asimismo, la Comisión Permanente aprobó, con 20 votos a favor, designar a los legisladores Wilson Soto y Lady Camones para formular las acusaciones constitucionales ante la sesión plenaria.
El presidente del Congreso, José Williams, adelantó a la prensa que, después de la aprobación de las acusaciones, la denuncia será enviada al Consejo Directivo y luego incluida en la agenda del próximo pleno para votar el desafuero de los denunciados y la acusación constitucional, que regresará a la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, para el inicio formal del proceso.
Durante la sesión parlamentaria, Chávez envió una carta, a través de sus abogados, en la que acepta la acusación del Ministerio Público y pide al Parlamento que apruebe la acusación constitucional en su contra para poder acreditar su “absoluta inocencia” respecto a los hechos investigados.
