Quito (EFE).- El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, recurrió en medio de un juicio político en su contra a la herramienta constitucional de la “muerte cruzada”, por la que disuelve la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, y adelanta las elecciones generales.
Cuando estaba a punto de llegar al ecuador de mandato presidencial, Lasso, que fue elegido presidente en las elecciones de 2021, decidió no esperarse al resultado de la votación de la moción de censura que se llevaría a cabo en la Asamblea, promovida por la oposición, que lidera el correísmo y que lo acusa de un supuesto delito de peculado (malversación).
De esta forma, Lasso sacrifica parte de la segunda mitad de su mandato a cambio de evitar una posible destitución bajo una acusación de corrupción en unos contratos de transporte marítimo de petróleo con condiciones supuestamente perjudiciales para el Estado, como según sostiene la oposición.
“Grave crisis política”
“Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente, cada día se profundiza”, dijo Lasso en el inicio de su mensaje .
Anotó que la solución debe poner fin a “una confrontación irracional e inútil”. Y señaló que no es posible avanzar y enfrentar los profundos desafíos “a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo con una Asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado”.
Comentó que en los últimos dos años, “un sector de la política nacional ha intentado deponer al Gobierno democráticamente elegido”.
Lasso añadió que el proyecto desestabilizador “subió de nivel con el bloqueo de las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo”. Y “todos los esfuerzos del poder legislativo están enfocados en desestabilizar al Gobierno con un juicio político infundado”.
“Promueven un supuesto delito de peculado por omisión que no existe en nuestra legislación, con el que quieren asegurar que soy responsable político por no haber actuado frente a un presunto caso de corrupción”, dijo sobre la acusación de la oposición
Para el gobernante, se trata de “un proceso sin pruebas, contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo, es el mecanismo para destituir al presidente”.
“Los acusadores se han obsesionado por acabar con mi Gobierno impulsados por un sobrehumano rencor. Sin embargo, han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mi contra porque no hay nada que encontrar absolutamente nada”, subrayó.
El gobernante apuntó que se ha esforzado “para que el diálogo político sea la herramienta que garantice gobernabilidad (…) pero el ataque a la gestión de este Gobierno no tiene límites”.
Como ejemplo, dijo que la oposición ha activado 14 juicios políticos a ministros “para generar inestabilidad en el gabinete y entorpecer el trabajo del Gobierno”,
Consideró que ello es “una constante obstrucción que ha generado una grave crisis política y conmoción interna, que se refleja en la casi nula confianza de la sociedad ecuatoriana en la Asamblea”.
Firma decreto
Lasso aseguró que “para dar una salida constitucional” decidió aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República. Que le otorga la Facultad de disolver la Asamblea Nacional “por grave crisis política y conmoción interna”.
Además, solicitó al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos.
“Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en la próxima elección”, agregó al indicar que esto permite al Gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de la familia ecuatoriana.
“A partir de hoy, sin bloqueos, el Gobierno nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado”, dijo al avanzar que ya ha firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos y fortalecer la economía.
Lasso subrayó que los servicios públicos atenderán con normalidad, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad y que el sector privado “tiene todas las garantías para desarrollar sus actividades y seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país”.
La nueva reforma tributaria, el primer decreto ley de Lasso
La nueva reforma tributaria fue el primer decreto ley firmado por el presidente de Ecuador, tras decretar la “muerte cruzada”.
Lasso decidió que este documento, que amplía el techo de exoneraciones tributarias en función del número de miembros de cada familia, sea el primero en salir durante este periodo extraordinario en el que podrá gobernar mediante decretos hasta que asuma su sucesor.
La nueva reforma tributaria, que modifica parcialmente la reforma aplicada por Lasso al poco de llegar al poder, había sido presentada la pasada semana en el Palacio de Carondelet, la sede del poder Ejecutivo.
Bajo un principio de progresividad, el decreto contempla un aumento de los gastos deducibles anuales. Podrá ser de hasta 15.294 dólares (unos 14.102 euros) dependiendo del número de cargas familiares.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en Ecuador existen 341.000 contribuyentes que pagan impuesto a la renta. Y con la reforma tributaria se beneficiará directamente al 99,8 %, es decir, a 340.318 contribuyentes, que tendrán, cada uno, un ahorro promedio de 558 dólares en su pago del impuesto a la renta.
Asimismo, la nueva reforma tributaria crea una tasa del 15 % de impuesto a la renta para las casas de apuestas deportivas.
Autoridades cercan el Parlamento de Ecuador
Decenas de militares y policías han cercado la Asamblea Nacional de Ecuador, institución disuelta este miércoles por el jefe de Estado, Guillermo Lasso.
Los militares y policías, ataviados con equipo antimotines, rodean el edificio de la Asamblea, que también tiene el paso restringido a varias cuadras.
El general Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, indicó que la decisión de Lasso está fundamentada legalmente por lo que debe “ser respetada” por todos los ciudadanos.
“Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional somos instituciones obedientes y no beligerantes y cumplimos nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución”, dijo en un mensaje difundido este miércoles.
Al mismo tiempo, añadió que están “seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia”.
“En ese caso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaremos con firmeza en cumplimiento a nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y las garantías de los ecuatorianos”, agregó.
Proaño formuló un llamamiento a la unidad de los ecuatoriano para “mantener un clima de respeto a la ley, sin enfrentamientos, sin violencia, lo que permitirá tener un Ecuador en paz y un país con libertad y dignidad.
Ministro dice que la Policía solo actuará si hay amenaza
El Gobierno de Ecuador advirtió que la Policía solo actuará “si el orden constituido se viera afectado” luego de que el jefe de Estado, Guillermo Lasso, disolvió el Parlamento por “grave conmoción interna y política”.
Así lo señaló el ministro del Interior, Juan Zapata, tras remarcar que, de momento, no se han registrado manifestaciones contra la disolución del Parlamento.
Este es “un momento en que el país necesita estar unido”, agregó Zapata en un diálogo con periodistas en las afueras de la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento).
El ministro dijo que todos los ecuatorianos deberían acatar la disposición al ser un medida amparada en la Constitución y expedida por una autoridad legítima.
Añadió que las manifestaciones están garantizadas también por la normativa interna, siempre y cuando éstas no alteren la paz ciudadana.
Los policías “solamente actuaremos si el orden constituido se viera afectado”, añadió al insistir en que si hay protestas que amenacen el orden interno las fuerzas del orden deben actuar con firmeza.
También aclaró que la presencia de una gran cantidad de agentes en el recinto parlamentario solo supone un reforzamiento a la escolta legislativa que opera en ese lugar.
Demandan inconstitucionalidad al decreto de Lasso
El opositor Partido Social Cristiano (PSC) anunció que interpondrá una demanda de inconstitucionalidad al decreto por el cual el jefe de Estado, Guillermo Lasso, disolvió el Parlamento y pidió que se convoque a elecciones anticipadas de autoridades del Legislativo y el Ejecutivo.
En un comunicado, el PSC señaló que no existen al momento causales para aplicar la llamada “muerte cruzada”, que contempla la Carta Magna, por lo que consideró que el jefe de Estado ha violado la Constitución.
“Procederemos a presentar ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad con medida cautelar de suspensión del Decreto Ejecutivo 741 del 17 de mayo de 2023”, reza el escrito colgado en la cuenta de Twitter del líder socialcristiano, Jaime Nebot.
El PSC consideró que “en lo político y en la práctica, el Presidente se ha declarado dictador, aunque sea por corto tiempo”, pues gobernará por decreto hasta que se realicen las elecciones, como lo establece la Constitución.
Rafael Correa califica de ilegal la “muerte cruzada”
El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) aseguró que es ilegal la “muerte cruzada” decretada por el actual presidente, Guillermo Lasso. Lo que implica la disolución de la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, y el adelanto de elecciones generales.
En un mensaje en redes sociales, Correa cuestionó el argumento de “grave conmoción política e interna” esgrimido por Lasso para recurrir a esta figura constitucional.
“Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna ‘conmoción interna’. Tan sólo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la patria”, dijo Correa.
“Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución”, añadió.
Seguidamente, el expresidente ecuatoriano incidió en el contingente militar que desde primeras horas de la mañana se dispuso en los exteriores de la Asamblea al indicar que “se le caen todas las máscaras a los que hablaban de democracia sin jamás haber creído en ella”.
Lenín Moreno pide unidad
El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno (2017-2021) unidad, humildad y desprendimiento después de que el actual presidente, Guillermo Lasso, haya decretado la “muerte cruzada”.
En un mensaje en redes sociales, Moreno, que ejerce en Asunción como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad, aseguró que “es la hora ciudadana” y pidió “cabeza fría” para que no se repita el triunfo electoral del correísmo en las últimas elecciones locales del 5 de febrero.
El expresidente se distanció del correísmo al llegar al poder tras haber sido vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017). Consideró que hay que “entender el momento, privilegiar lo verdaderamente importante: libertad, democracia, institucionalidad, respeto y bienestar ciudadano”.
“Para ello se requiere (es condición no opción): unidad, organización, sincronicidad y, sobre todo, humildad y desprendimiento. Lo tenemos claro o repetimos lo de febrero”, apostilló.
Moreno también aseveró que “no hay posibilidad de ser equidistantes e imparciales”.
“El momento que aparezcan sabremos que están jugando del otro lado. ‘Entre guerreros y leones no existen pactos'”, concluyó.
La relación de EE.UU. con Ecuador
Estados Unidos aseguró que su relación con el Gobierno de Ecuador permanece “fuerte” tras la decisión del presidente del país, el conservador Guillermo Lasso, de disolver la Asamblea Nacional en medio de un juicio político en su contra.
En una rueda de prensa, el portavoz del Departamento de Estado Vedant Patel rehusó comparar la situación de Ecuador con la de Perú el año pasado. El entonces mandatario, el izquierdista Pedro Castillo, disolvió el Congreso para frenar su destitución y acabó encarcelado acusado de golpe de Estado.
“Nuestra relación bilateral con el Gobierno de Ecuador y con el pueblo ecuatoriano permanece fuerte”, remarcó Patel.
El portavoz explicó que el Gobierno de Joe Biden está “al tanto” de la decisión de Lasso. Ofreció su apoyo a “las instituciones y a los procesos democráticos de Ecuador” y expresó su respeto “a la voluntad del Gobierno y del pueblo ecuatoriano”.
“Instamos a todas las instituciones gubernamentales, a la sociedad civil y a los ciudadanos a garantizar que los procesos democráticos se lleven a cabo en beneficio del pueblo”, dijo Patel.
El vocero de la diplomacia estadounidense agregó que Washington seguirá trabajando con Quito para abordar “los desafíos y objetivos compartidos”
El juicio político contra Lasso
El juicio político, promovido por un grupo de fuerzas opositoras, entre ellas el grupo parlamentario de Unión por la Esperanza (Unes), afín a Correa; y el conservador Partido Social Cristiano (PSC), a los que se unieron algunos miembros del movimiento indígena Pachakutik, de Izquierda Democrática (ID) y otros legisladores independientes.
La oposición lanzó el juicio en el momento de mayor debilidad de Lasso en sus casi dos años de mandato. Después de su dura derrota en la cita electoral del 5 de febrero. Donde el Gobierno perdió el referéndum planteado para hacer reformas a la Constitución y el correísmo fue el triunfador de las elecciones locales.
La acusación se basó en un supuesto peculado producido a partir de unos contratos de transporte marítimo de petróleo con presuntas condiciones perjudiciales para el Estado firmados por la empresa estatal Flopec y la firma privada Amazonas Tankers.
La oposición señaló a Lasso por no haber hecho supuestamente nada para rescindirlo. Lasso rebatió que fueron firmados en la anterior administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021). Y, ya bajo su gestión, se aplicaron cambios para mejorar las condiciones.
El juicio se inició formalmente en el pleno de la Asamblea el martes, donde Lasso presentó su alegato de defensa en el que tildó el proceso de un asalto institucional llevado a cabo por la oposición y reiteró que la acusación es infundada.
La Conaie califica de “auto golpe de Estado”
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, calificó de “cobarde auto golpe de Estado” la decisión del gobernante, Guillermo Lasso, de disolver la Asamblea Nacional por “grave conmoción interna y política”.
“Al no contar con los votos necesarios para salvarse de su inminente destitución, Lasso da un cobarde autogolpe de Estado con ayuda de Policía y Fuerzas Armadas, sin apoyo ciudadano, convirtiéndose en una inminente dictadura”, escribió en su cuenta de Twitter.
En su red social, la Conaie anotó que “frente a la grave situación política del país y un escenario de dictadura de Guillermo Lasso, llamamos a los pueblos y nacionalidades a mantener la unidad en cada estructura organizativa a nivel nacional”.
Y avanzó que se convocará en las próximas horas a un consejo ampliado extraordinario para el análisis y la toma de decisiones colectivas.
La Conaie lideró el año pasado unas manifestaciones, que duraron 18 días y que se tornaron violentas, en demanda de mejores condiciones económicas y que terminaron con la firma de un acta de paz, en la que se establecía la constitución de mesas de diálogo para solucionar los temas puntuales que se reclamaron en las protestas en las calles.
El correísmo califica de ilegal la “muerte cruzada”
El movimiento Revolución Ciudadana (RC) rechazó por considerar “ilegal” el decreto de disolución del Parlamento, anunciado por Lasso.
Marcela Holguín, cabeza del grupo parlamentario de Unión por la Esperanza (UNES, que arropa a RC), aseguró en una rueda de prensa que la decisión de Lasso de invocar a la llamada “muerte cruzada”, amparada en la Constitución, podría caer en la ilegalidad porque no cumple con las causales para ser invocada.
“El decreto emitido esta mañana por el presidente Guillermo Lasso es ilegal”, pues no se registra en el país “ni conmoción interna ni una grave crisis política”, agregó la legisladora correísta en una declaración en la sede del movimiento UNES, la principal fuerza de oposición legislativa.
Holguín aseguró que el decreto del mandatario buscaba supuestamente evitar la votación final de la Cámara sobre el juicio político que -según ella- se perfilaba hacia la censura y destitución del gobernante.
La legisladora de UNES aseguró que la “muerte cruzada” es una medida extrema de un “presidente desahuciado”. Que “se aferra al poder” y se niega “irse a su casa” para “permitir que el Ecuador resurja”.
Calificó de “vanidad, capricho” la actitud del mandatario y de tener como única dirección el satisfacer supuestamente sus “ambiciones”.
