Londres (EFE).- El primer ministro británico, Rishi Sunak, salvó este miércoles una de las situaciones más complicadas de su mandato, al conseguir el apoyo de la mayoría conservadora para sacar adelante su polémica ley para deportar inmigrantes a Ruanda.
Pese a que más de 60 diputados ‘tories’ habían votado enmiendas en contra de las directrices del Gobierno, finalmente el texto salió adelante sin dificultades en tercera lectura gracias al apoyo de 320 diputados, frente a 276 rechazos.
Pese a esa cómoda ventaja de 44 votos, al menos once conservadores se pronunciaron en contra de la ley en su totalidad, entre ellos figuras del ala dura como la exministra del Interior Suella Braverman o el ex secretario de Estado de Inmigración, Robert Jenrick.
La dimisión ayer, martes, de dos vicepresidentes del Partido Conservador para poder sumarse a las enmiendas que querían endurecer el proyecto había sembrado dudas sobre el devenir de esta votación, considerada clave para Sunak.
Pese a todo, al final hubo menos suspense del esperado, pues los ‘rebeldes’ ya manifestaron unos 45 minutos antes de la votación definitiva que pensaban apoyar la legislación, que a su juicio no va tan lejos como debería a la hora de reafirmar las soberanía de los tribunales británicos.
Esos ‘rebeldes’ volvieron a secundar una enmienda para poder ignorar las órdenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si estos ponían en peligro el plan, pero acataron la disciplina parlamentaria al pronunciarse sobre el conjunto de la ley, conscientes de que lo contrario precipitaría la caída del Ejecutivo.
Sunak sigue los pasos de Boris Johnson
Sunak ha hecho de este proyecto, propuesto por primera vez por su antecesor Boris Johnson en 2022, un aspecto central de su mandato, ya que entiende que le permitiría cumplir una de sus cinco promesas: acabar con la llegada de pateras de inmigrantes indocumentados a través del Canal de la Mancha.
Gracias a la nueva ley, los inmigrantes que entren ilegalmente en suelo británico se enviarán deportados a Ruanda, que recibe una cuantiosa cantidad de dinero a cambio.
En 2022, el TEDH ordenó en el último minuto la paralización de varios vuelos a Ruanda con inmigrantes pese a que los tribunales británicos habían dado su luz verde.
El Gobierno tiene un nuevo flanco de conflicto con los sindicatos de funcionarios y servidores públicos, que saben que no pueden ser obligados a ignorar deliberadamente una instrucción del TEDH, lo que supondría una violación del derecho internacional.
