Buenos Aires (EFE).- La Justicia argentina responsabilizó hoy a Irán y a la organización Hizbulá del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994 en Buenos Aires y que provocó 85 muertos y 300 heridos, y tipificó el delito como un “crimen de lesa humanidad”.
Según uno de los dos fallos emitidos por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que ha revisado varias causas vinculadas con este atentado, la organización chiita libanesa Hizbulá (“Partido de Dios”) actuó bajo directivas y financiamiento del Gobierno de Irán y fue la responsable del ataque.
En el dictamen judicial se señala que la acción terrorista planificada durante una reunión en la ciudad de Mashhad (noreste del país, la segunda ciudad más poblada, después de Teherán), con altos funcionarios iraníes y miembros de la legación diplomática iraní en Buenos Aires, quienes ordenaron la comisión de un ataque por intermedio de Hizbulá.
Primer fallo considera a Irán un “Estado terrorista”
El fallo cita a varios ciudadanos iraníes entre los acusados, algunos de los cuales ocupaban posiciones de alto nivel en Irán -al que califica de “Estado terrorista”.
Entre quienes desempeñaron roles específicos figuran Mohsen Rabbani, por aquel entonces agregado cultural de Irán en Buenos Aires y a quien se le considera uno de los principales organizadores del atentado, y Ahmad Reza Asghari, otro funcionario iraní en Buenos Aires, también vinculado a la logística del atentado.
El fallo judicial menciona específicamente que la organización Hizbulá, que está catalogada por el Gobierno argentino dentro del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, habría actuado bajo las directivas y con financiamiento de quienes por entonces integraban el Gobierno de la República Islámica de Irán.
La decisión para ejecutar el ataque se tomó en el Comité para Operaciones Especiales (Omure Vijeh), que entonces estaba compuesto por las más altas autoridades religiosas y políticas del régimen iraní, bajo la instigación de la Oficina de Seguridad e Inteligencia iraní.
El ataque se planificó específicamente para llevarse a cabo en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina-Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (AMIA-DAIA) en la calle Pasteur número 633, de la capital argentina.
La Cámara Federal de Casación Penal también menciona las órdenes de captura y las solicitudes de cooperación internacional emitidas para detener a los acusados iraníes. Estas peticiones incluyen alertas rojas de Interpol, aunque la extradición ha sido sistemáticamente negada por Irán.
Segundo fallo judicial por falsear pistas
En el segundo fallo judicial publicado, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Pena confirmó las penas para los principales investigadores del caso, entre ellos el juez Juan José Galeano y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, por haber inundado la causa de pistas falsas.
Concretamente, Juan José Galeano fue condenado como partícipe necesario del delito de peculado y por prevaricato, con una pena de seis años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, y costas del proceso, mientras que Hugo Alfredo Anzorreguy fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por peculado y encubrimiento, con inhabilitación absoluta perpetua y costas.
Además, Carlos Alberto Telleldín recibió una condena de tres años y seis meses de prisión por peculado, con inhabilitación absoluta perpetua y costas, al tiempo que se dispuso el decomiso del dinero involucrado en el delito de peculado, 400.000 dólares estadounidenses.
Otros acusados como Eamon Gabriel Müllen, José Carlos Barbaccia, y Ana María Boragni recibieron penas menores y condenas de ejecución condicional.
Por último, se absolvió al expresidente Carlos Saúl Menem de todos los cargos y sin costas, debido a la extinción de la acción penal por muerte sobreviniente (el exmandatario murió el 14 de febrero de 2021).
El atentado contra la AMIA
El atentado a la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994 y causó la muerte de 85 personas y cientos de heridos. Es uno de los ataques terroristas más graves en la historia de Argentina. A lo largo de los años, el proceso judicial se ha complicado por acusaciones de encubrimiento y falta de cooperación de varios Gobiernos, incluido el iraní.
Las relaciones entre Argentina e Irán han estado marcadas por la tensión debido a las acusaciones contra ciudadanos iraníes y la falta de colaboración de Irán en las investigaciones. El caso AMIA es un punto de fricción constante en las relaciones internacionales de Argentina e influye las políticas hacia el terrorismo y la seguridad global.
Este suceso ocurrió horas antes de que Nisman se presentara en el Congreso argentino para denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015), por supuesto encubrimiento a iraníes sospechosos del ataque.
Según el fiscal, Fernández habría firmado un acuerdo con Irán para acercar relaciones comerciales a cambio, supuestamente, de disminuir la carga judicial contra los principales sospechosos, que ocupaban altos cargos en Irán y en la organización terrorista chií libanesa Hizbulá.
