Río de Janeiro (EFE).- La Corte Suprema de Brasil determinó que el Estado es responsable de las muertes o lesiones causadas por balas perdidas durante operativos policiales, con lo que pude ser condenado a indemnizar a las víctimas.
De acuerdo con la sentencia anunciada por el Supremo Tribunal Federal, las víctimas de balas perdidas en este tipo de acciones tienen derecho a reparación, pues el ‘peritaje no concluyente’ sobre el origen del disparo no es suficiente para excluir la responsabilidad civil del Estado.
El plenario de la máxima corte reconoció la responsabilidad del Gobierno Federal y de las administraciones regionales y municipales por las muertes ocurridas durante enfrentamientos entre la Policía Militarizada o uniformados de las Fuerzas Armadas con criminales en centros urbanos.
La decisión se toma en un proceso de repercusión general, que es cuando el juicio de un caso repercute en todos los procesos relacionados con el tema en el país, por lo que sienta precedente para juicios futuros.
Víctimas por balas perdidas
Los magistrados juzgaron el caso de Vanderlei Conceição de Albuquerque, quien murió por causa de una bala perdida durante una operación militar realizada en el complejo de favelas de Maré, en Río de Janeiro, en junio de 2015.
Con la decisión, los padres de la víctima deberán recibir una indemnización de 200.000 reales (40.000 dólares o 36.697 euros) y el hermano una de 100.000 reales (20.000 dólares), además de una pensión vitalicia para los familiares a quienes también se les reembolsarán los gastos funerarios.
En este caso específico, se responsabilizó al Gobierno Federal por las acciones del Ejército.
Según el proceso, las investigaciones, abiertas en 2016 y hasta el momento no se han cerrado, no concluyeron el origen del disparo, para investigar el caso.
Datos del Fórum Brasileño de Seguridad Pública señalan que 6.429 personas murieron en 2022 en operativos policiales en todo el país, la mayoría de ellos en los estados de Bahía y Río de Janeiro.
