Buenos Aires (EFE).- Argentina vive su segunda huelga general desde que comenzó el mandato del ultraliberal Javier Milei como presidente del país suramericano, el pasado 10 de diciembre.
Tras su alto poder de convocatoria en enero, cuando tuvo lugar la primera huelga general en el país desde mayo de 2019, la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central obrera de Argentina, espera paralizar el país en contra de las reformas estructurales que busca implementar el Ejecutivo.
En esta ocasión, la principal novedad es la paralización del transporte público, que a comienzos de año solo se detuvo a partir de las 19:00 horas (22:00 GMT), cuando se hubo desconcentrado la gran movilización frente al Congreso.
Además de los trabajadores estatales y de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), se sumaron la Asociación Bancaria, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-T), y los empleados de comercio bajo la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys).
Un paro multisectorial en Argentina
También pararán el transporte aerocomercial y de carga, la banca, el comercio (en su mayoría), la educación y la recolección de residuos. Mientras que el sector sanitario prestará una atención mínima, priorizando cualquier emergencia.
Este es el segundo paro general convocado por la CGT desde que asumió el Gobierno de Milei, el pasado 10 de diciembre de 2023, tras el del 24 de enero.
La principal central sindical argentina no convocó ninguno bajo el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023) y el último databa de mayo de 2019, bajo la gestión del centroderechista Mauricio Macri (2015-2019).
Los sindicatos protestan contra el fuerte ajuste impuesto por las políticas de Milei y las reformas estructurales recogidas en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
Las polémicas reformas de la Ley Bases
Entre las reformas incluidas en la ley que ya obtuvo media sanción en Diputados, que ahora espera por su tratamiento en el Senado, se encuentran la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, privatización de empresas, establecimiento de un régimen especial de inversiones y una reforma laboral, denominada “modernización”.
Uno de los capítulos más preocupantes para los gremios son las posibles privatizaciones de empresas públicas. Así como la extensión de los períodos de prueba que las empresas podrían imponer desde la aprobación del proyecto de ley y la modificación de las indemnizaciones por despido.
Se espera una jornada intensa de reclamos, aunque por ahora se desconoce si habrá algún corte de accesos a las grandes ciudades. Pese a ello, el Gobierno anunció que pondrá en marcha el protocolo antipiquetes.
