São Paulo (EFE).- La Policía Federal de Brasil informó este viernes que solicitará la extradición de los reos procesados por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 que han huido a Argentina.
La solicitud la formulará la Policía Federal, en coordinación con los ministerios de Justicia y Exteriores, y la analizará el Tribunal Supremo.
La representación de la Policía de Brasil en Buenos Aires está intentando recabar los nombres de los fugitivos y los incluirá en la red Anfast de capturas de Ameripol, según un comunicado enviado a EFE.
208 investigados por intento de golpe de Estado en Brasil
Los reos huidos a Argentina, cuyo número no precisaron las autoridades, hacen parte de un grupo de 208 investigados y condenados por la asonada golpista que habían huido y recibieron acusaciones de incumplir las medidas cautelares que les impuso la Justicia.
La Policía Federal lanzó este jueves una operación para capturar a ese grupo de fugitivos y, por el momento, ha detenido a 50, en una operación en nueve estados, según el balance más reciente.
Los fugitivos fueron condenados o son reos en el proceso que juzga los ataques violentos contra las sedes de la Presidencia de Brasil, el Parlamento y el Tribunal Supremo perpetrados por miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, en un intento de forzar un golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva.
Seguidores de Bolsonaro
El Supremo está procesando a más de un millar de personas por su supuesta participación en los ataques en Brasilia, y de momento ha condenado a 216 por crímenes como golpe de Estado, abolición del Estado democrático, asociación armada y daños al patrimonio público.
Bolsonaro, que gobernó entre 2019 y 2022, también consta como investigado por golpismo, en el marco de un proceso que tramita en el Supremo, pero la Fiscalía hasta el momento no ha presentado cargos en su contra.
La Policía sostiene que altas autoridades del Gobierno de Bolsonaro tramaron un plan para anular el resultado de las elecciones de 2022 y mantener al ultraderechista en el poder.
El capitán de la reserva del Ejército siempre ha negado cualquier tipo de vinculación con la presunta trama golpista y se ha declarado víctima de una “persecución judicial”.
