Washington (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió este viernes que acusar a los asaltantes del Capitolio del 6 de enero de 2021 de obstrucción a la justicia fue inapropiado y que el Departamento de Justicia se sobrepasó.
Por seis votos a tres, el máximo tribunal del país determinó que la Fiscalía se excedió al acusar a centenares de personas que se amotinaron en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 de obstrucción.
La decisión implica que los tribunales inferiores aplicarán ahora ese estándar y probablemente desestimarán los cargos contra muchos acusados.
Este dictamen podría además tener injerencia en uno de los procesos judiciales contra el expresidente republicano Donald Trump -el de su implicación en el asalto al Capitolio y su presunto intento de interferir en las elecciones- ya que el fiscal especial Jack Smith incluyó la obstrucción de un procedimiento oficial entre los cuatro cargos que pesan en su contra en este juicio.
Aunque Smith, quien lleva a cabo la investigación, alega que la obstrucción del procedimiento del Congreso por parte de Trump es mucho más amplia que la de los asaltantes, es probable que el equipo legal del exmandatario intente sacar provecho de la decisión del Supremo.
El Supremo detalla cómo presentar cargos en el caso del Capitolio
Ese 6 de enero, unas 10.000 personas -la mayoría seguidores de Trump- marcharon hacia el Capitolio y unas 800 irrumpieron en el edificio mientras se estaba certificando la victoria en las elecciones de 2020 de Joe Biden. Hubo cinco muertos y cerca de 140 agentes heridos.
Desde entonces, más de 1.000 personas han sido arrestadas prácticamente en los 50 estados del país por delitos relacionados con el ataque y más de 350 han sido imputadas por asalto u obstaculización del cumplimiento de la ley, según datos del Departamento de Justicia.
El Tribunal Supremo decidió este viernes que se podrían presentar cargos contra los alborotadores si los fiscales pueden demostrar que intentaban no solo entrar al edificio a la fuerza, sino también impedir la llegada de los certificados que confirmaban los resultados de la elección.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, redactó la opinión de la mayoría, que incluyó a una jueza liberal, Ketanji Brown Jackson.
La jueza Amy Coney Barrett presentó una opinión disidente a la que se sumaron las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan.
La decisión del Supremo indignó a la Fiscalía estadounidense, encabezada por el fiscal general Merrick Garland, quien afirmó estar “decepcionado”.
Así se limita “un importante estatuto federal que el Departamento ha tratado de utilizar para garantizar que los principales responsables de ese ataque enfrenten las consecuencias apropiadas”, dijo Garland.
