São Paulo (EFE).- La Corte Suprema de Brasil destacó este miércoles que hay «indicios graves» contra los acusados en el proceso por intento de golpe de Estado, entre los que se encuentra el expresidente Jair Bolsonaro, a quien garantizó un «juicio justo».
El alto tribunal respondió así a las nuevas sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra uno de sus once integrantes, el magistrado Alexandre de Moraes, instructor de las causas abiertas contra el líder ultraderechista brasileño.
«El Supremo Tribunal Federal no se apartará de su papel de cumplir la Constitución y las leyes del país, que garantizan a todos los implicados el debido proceso legal y un juicio justo», señaló la máxima instancia judicial brasileña en un comunicado.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. aplicó este miércoles a De Moraes la Ley Magnitsky, que autoriza al Gobierno a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Para el secretario del Tesoro, Scott Bessent, «De Moraes es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesos judiciales politizados, incluso contra el expresidente Jair Bolsonaro».
El Supremo de Brasil defiende el proceso contra Bolsonaro
Por el contrario, el Supremo brasileño afirmó que juzgar delitos que representan «un grave atentado contra la democracia brasileña es competencia exclusiva de la Justicia del país».
En este contexto, recordó que la Fiscalía, con base en audios, documentos y testimonios, acusó a Bolsonaro y a otras 33 personas de una serie de crímenes, entre ellos el de intento de golpe de Estado contra su sucesor en la Presidencia, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
«En el marco de la investigación, se encontraron indicios graves de la comisión de dichos delitos, incluido un plan que preveía el asesinato de autoridades públicas», apuntó el Supremo.
Añadió que todas las decisiones tomadas por De Moraes que afectan a Bolsonaro, entre ellas el uso de tobillera electrónica y la prohibición de acceder a sus redes sociales, fueron confirmadas de forma colegiada en el Supremo.
Las sanciones de EE.UU. al juez De Moraes
Las nuevas sanciones bloquean los posibles bienes y propiedades del magistrado en Estados Unidos y prohíben a ciudadanos estadounidenses realizar cualquier transacción con ellos.
No obstante, medios locales brasileños indicaron que De Moraes no posee cuentas bancarias, ni tiene bienes en suelo estadounidense.
Esta sanción se suma a la revocación por parte del Departamento de Estado de EE. UU. de la visa de De Moraes y de sus familiares directos, el pasado 18 de julio.
Esta es una nueva medida de presión para torpedear el juicio contra Bolsonaro, después del arancel del 50 % decretado por el presidente Donald Trump sobre los productos brasileños, aunque una parte de ellos fueron exentos del mismo.
Brasil dice que el Poder Judicial «no se curvará» ante la presión
Por su parte, el canciller de Brasil, Mauro Vieira, afirmó este miércoles que el Poder Judicial de su país «no se curvará ante las presiones externas» y que su Gobierno «se reserva el derecho a responder» a las sanciones de EE.UU. contra el magistrado De Moraes.
Vieira declaró ante los medios de comunicación que se reunió con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, en Washington y que durante el encuentro defendió la «independencia» del Poder Judicial.
Asimismo, el canciller dijo que ambos funcionarios estuvieron de acuerdo en «la necesidad de mantener el diálogo» para «resolver» la crisis bilateral.
Vieira afirmó que tiene previsto volver a Brasil este mismo miércoles y que informará al presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre los resultados de las conversaciones con funcionarios estadounidenses para luego «definir» una respuesta.
El encuentro entre los dos cancilleres es la reunión en persona de mayor nivel realizada entre representantes de ambos países desde que escalaran las tensiones por los ataques de Trump al Poder Judicial de Brasil.
Interferencia del Gobierno de EE.UU. en la Justicia brasileña
Lula da Silva afirmó que es «inaceptable la interferencia» del Gobierno de Estados Unidos en la Justicia brasileña, tras la nueva sanción impuesta al juez de la Corte Suprema que lleva los casos del exmandatario Jair Bolsonaro.
«Uno de los fundamentos de la democracia y del respeto a los Derechos Humanos en Brasil es la independencia del Poder Judicial, y cualquier intento de debilitarlo constituye una amenaza al propio régimen democrático. La Justicia no se negocia», dijo el mandatario en una nota titulada ‘Brasil es un país soberano y democrático’.
La Administración del presidente Donald Trump aplicó este miércoles la Ley Magnitsky al juez del Supremo brasileño Alexandre De Moraes, esta ley autoriza al Gobierno a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Lula se solidarizó con el juez y señaló que las sanciones están motivadas «por la acción de políticos brasileños que traicionan» al país «en defensa de sus propios intereses», en alusión al diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del líder ultraderechista y quien se encuentra en EE.UU. en busca de sanciones para ayudar a su padre.
«En Brasil, la ley se aplica a todos los ciudadanos y todas las empresas. Cualquier actividad que afecte la vida de la población y de la democracia brasileña está sujeta a normas», manifestó el jefe de Estado.
Con todo, reiteró que su país «sigue dispuesto a negociar los aspectos comerciales», sin renunciar a los instrumentos de defensa previstos en su legislación, que prevén poder responder con reciprocidad.
Lula también informó que está evaluando los impactos del arancel y las posibles acciones que tomará «para apoyar y proteger a los trabajadores, las empresas y las familias brasileñas».
