Ginebra (EFE).- El estado de Darfur Norte, en el oeste de Sudán, está en riesgo de una «inminente catástrofe» ante el aumento del desplazamiento forzado tras la toma por los rebeldes de su capital Al Fasher.
Así lo advirtió este martes en un comunicado la directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, quien ha iniciado una visita de cinco días a Sudán.
En el comunicado, la estadounidense asegura que la extrema inseguridad y las terribles violaciones de los derechos humanos, incluidos asesinatos masivos y violencia étnica y sexual en Al Fasher, han provocado un dramático aumento de ese desplazamiento y han agravado aún más la crisis humanitaria.
Año y medio de asedio
«La crisis en Al Fasher es el resultado directo de casi 18 meses de asedio que han dejado a las familias sin acceso a alimentos, agua ni atención médica», declaró la directora general, quien recalcó que la inseguridad y la falta de suministros dificultan la labor humanitaria en la zona.
«Sin acceso seguro y financiación urgente, las operaciones humanitarias corren el riesgo de paralizarse justo en el momento en que las comunidades necesitan mayor apoyo», enfatizó la diplomática estadounidense.
Según indicó el lunes la propia OIM, casi 90.000 personas huyeron de la ciudad de Al Fasher, que fue el último bastión del Ejército de Sudán en Darfur, desde que el rebelde grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) la capturara el pasado 26 de octubre tras año y medio de asedio.
La gran mayoría de esos desplazados, un 79 %, permanece en la zona de Al Fasher, principalmente en aldeas rurales ubicadas al oeste y al norte de la ciudad.
Otro 7 % de los desplazados, unas 6.300 personas, han huido a Tawila, una localidad a unos 70 kilómetros al oeste de Al Fasher, que ya acogía a 650.000 desplazados antes de la reciente escalada del conflicto, indicó la OIM.
Más de 13 millones de desplazados en todo Sudán
La ciudad está controlada por el Movimiento de Liberación de Sudán-Darfur Norte, un grupo rebelde no alineado en la guerra entre el Ejército y las FAR.
Según la OIM, la violencia y el desplazamiento masivo se extiende también a otras regiones de Sudán y entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre unas 38.990 personas huyeron de los combates en el estado de Kordofán del Norte, al este de Darfur Norte.
«Muchas recorren largas distancias a pie o en carros tirados por burros, duermen al aire libre sin refugio y pasan días sin comer, enfrentándose al miedo constante a ser atacadas», destacó la agencia de Naciones Unidas.
La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 y desde entonces ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha desplazado a más de 13 millones, mientras que más de la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria aguda, según la ONU.
Una treintena de países y la CE condenan las «atrocidades»
Una treintena de países y la Comisión Europea emitieron una declaración conjunta en la que condenan «en los términos más enérgicos todas las atrocidades» cometidas contra la población civil en Sudán tras la toma de Al Faher por parte del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).
Las autoridades de estos países se muestran «profundamente alarmadas» por las violaciones de derechos de la población civil tras la entrada de los milicianos en esta ciudad estratégica en la región occidental de Darfur, que las FAR habían asediado durante año y medio.
La declaración -compartida este martes por el Ministerio de Exteriores español- está refrendada por los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido y Suecia, así como por la comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.
Además, cuenta con el apoyo de Austria, Croacia, Chequia, Chipre, Finlandia, Letonia, Polonia, Portugal, Rumanía y Suiza.
«Los ataques deliberados contra civiles, los asesinatos en masa por motivos étnicos, la violencia sexual relacionada con el conflicto, el hambre como método de guerra y la obstrucción del acceso humanitario constituyen violaciones abominables del derecho internacional humanitario», denuncian.
Asimismo, subrayan que, de demostrarse, estos actos constituirían «crímenes de guerra y de lesa humanidad».
Preocupación por la «escalada» del conflicto en Darfur del Norte
Los firmantes se muestran también preocupados por la «escalada» del conflicto en Darfur del Norte, controlado en su totalidad por las milicias de las FAR, y la céntrica región de Kordofán, donde los paramilitares centran ahora su ofensiva contra el Gobierno sudanés.
En la declaración exigen «el cese inmediato de la violencia» en Sudán e instan a las partes en conflicto a acordar un alto el fuego y una tregua humanitaria de tres meses, de acuerdo a la propuesta presentada la semana pasada por Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos -el denominado Cuarteto-.
«Instamos a las partes a que se sienten a la mesa de negociaciones», subrayan los firmantes, que se manifiestan también preocupados por «los intentos de dividir Sudán», ante los que reafirman su apoyo «a la soberanía, la unidad y la integridad territorial del país».
Por otra parte, piden «poner fin a la impunidad» y asegurar «la rendición de cuentas» de los responsables de las violaciones cometidas por las FAR en Al Fasher, a la vez que reconocen «la importante labor de documentación» de la naturaleza de estos crímenes.
También piden que las partes en conflicto garanticen el paso seguro a los civiles y «el paso rápido y sin obstáculos» de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales para la población afectada por la violencia en el país, de acuerdo al derecho internacional humanitario.
«La protección y la justicia para el pueblo sudanés no son sólo una obligación legal, son también un imperativo moral urgente», enfatizan.
