Bogotá (EFE).- Las primeras sentencias restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia contra los antiguos jefes de las FARC por los miles de secuestros cometidos por esa guerrilla fueron bien recibidas por las víctimas y solo ocho, de más de 4.300 acreditadas, apelaron las penas impuestas, dijo el presidente de ese tribunal, Alejandro Ramelli.
El magistrado consideró en una entrevista con EFE que esa actitud demuestra que «muchas víctimas finalmente están conformes» con las sentencias impuestas a los victimarios en el Caso 01, por «toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometido por las FARC», pese a que no conllevan penas de cárcel.
«En Caso 01 intervinieron más o menos 4.300 víctimas, con 106 abogados, y de toda esa cantidad de víctimas y abogados solamente ocho apelaron. Creo que es un dato importante», manifestó Ramelli.
La JEP investigó durante siete años los secuestros cometidos por las FARC entre 1993 y 2016, un trabajo en el que registró una cifra provisional de 21.396 víctimas, de las cuales 4.325 se acreditaron como tales ante el tribunal.
Por esos delitos, considerados crímenes de guerra y de lesa humanidad, la JEP condenó el pasado 16 de septiembre a siete integrantes del último mando de las FARC a penas alternativas de ocho años de «restricción efectiva de sus derechos».
«Algunas víctimas dicen, ‘¿por qué no están en la cárcel?'», dijo el magistrado, y la respuesta es «porque el acuerdo de paz tramitó otra cosa», pero aún así el nivel de insatisfacción es muy bajo, subrayó.
Las desapariciones forzadas
Del Caso 03, sobre «asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado», llamados ‘falsos positivos’, solo una víctima apeló, según el magistrado.
Quienes más apelaron «fueron algunas entidades a quienes se les dieron órdenes que tienen que ver con la aplicación de la justicia restaurativa con las que no están de acuerdo», indicó.
En este caso, la JEP condenó el 18 de septiembre a 12 exmilitares del Batallón de Artillería La Popa, en el norte del país, a penas restaurativas de entre cinco y ocho años, también por crímenes de guerra y de lesa humanidad, por 135 asesinatos cometidos entre 2002 y 2005.
El cumplimiento de las sentencias
Sobre el cumplimiento de las sentencias, Ramelli explicó que el caso de los secuestros cometidos por las FARC es «nacional porque hubo secuestros en toda Colombia» y por eso la JEP hizo un mapa de las regiones más afectadas para «que esas obras y trabajos restaurativos impacten sobre todo a esas zonas».
Entre esas apuntó la región del Sumapaz, «un corredor estratégico de la guerrilla para sacar los secuestrados de Bogotá hacia los Llanos Orientales. Entonces, es un sitio muy simbólico».
Las penas restaurativas contemplan trabajos como reparación efectiva para campesinos desplazados, protección medioambiental, construcción y reparación de infraestructuras, eliminación de residuos, recuperación ambiental de áreas afectadas por cultivos ilícitos y alfabetización, entre otros.
«El caso 03 es distinto y está más delimitado» porque los culpables eran del Batallón La Popa, con sede en Valledupar, capital del departamento del Cesar, y por eso se trabajó con la Alcaldía y la Gobernación «para que arranquen el cumplimiento de las sentencias en el cementerio Ecce Homo» de esa ciudad, «donde pueden existir todavía víctimas de ejecuciones extrajudiciales» y donde los exmilitares ayudarán a construir 700 osarios, concluyó.
Colombia busca cooperación para su justicia transicional
Por otro lado, Ramelli visitará la próxima semana tres ciudades europeas para ampliar la cooperación con organismos internacionales y recoger un premio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Así lo manifestó a EFE señalando que «la OCDE premió a la Jurisdicción por sus prácticas restaurativas», que se centran en la reparación del daño causado a las víctimas del conflicto armado colombiano y sancionan con penas no privativas de la libertad a los responsables de los crímenes.
«Ellos quieren conocer más a fondo qué es lo que venimos haciendo en materia de justicia restaurativa», dijo Ramelli, quien añadió que, además de la visita a la OCDE en París, se reunirá en Ginebra con representantes del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, y en La Haya con la Corte Penal Internacional.
En el centro de esas visitas está la cooperación internacional, «muy importante porque precisamente en el tema de la financiación de las sentencias hemos venido vinculando al sector privado, eso es otra novedad», afirmó.
«Normalmente el cumplimiento de nuestras sentencias tiene que ser a cargo del Gobierno, eso es lo que dicen las leyes, pero también están la cooperación internacional, ahí está la OCDE y también están las empresas privadas», expresó.
Ramelli se reunió en Bogotá con las cámaras de comercio de 15 países, que «están muy interesadas en los proyectos de paz, en los proyectos de justicia restaurativa por los que la OCDE premió a la Jurisdicción».
