Caracas (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela presentó este martes un proyecto de ley derogatoria del Estatuto de Roma para que el país suramericano se retire de la Corte Penal Internacional (CPI), luego de que el tribunal anunciara el cierre de su oficina en Caracas al argumentar la «falta de progreso real» con las autoridades venezolanas.
«Hay una posición sesgada por parte de la Corte Penal Internacional y por eso estamos proponiendo ante esta Asamblea la derogatoria de este instrumento», indicó el diputado chavista Roy Daza, en una sesión ordinaria transmitida por el canal estatal ANTV.
A su juicio, la aprobación en primera discusión del proyecto de ley derogatoria de la Ley Aprobatoria de la Corte Penal Internacional es una «decisión importante», en un momento en que todas las instituciones, dijo, deben actuar en unidad, así como las fuerzas políticas.
Daza explicó que la Fiscalía de la CPI se ha convertido en una institución con «fines ajenos para la que fue creada».
«Se ha convertido en un ente instrumentalizado por los poderes y, sí, lo digo con todas sus palabras, con los poderes fácticos y con los poderes económicos, políticos y culturales del imperialismo, porque a eso se ha sometido la Corte Penal Internacional en estos momentos», reiteró.
Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo que el Parlamento y el pueblo de venezolano muestran su «profundo desprecio» por la inacción de «aquellos» que fueron «cómplices» del «genocidio» en Gaza.
El cierre de la oficina de la CPI en Venezuela
El lunes, la Fiscalía de la CPI anunció que cerrará su oficina en Caracas por la falta de «progreso real» con Venezuela en materia de «complementareidad», principio que exige al país investigar seriamente los crímenes de los que se les acusa antes de que intervenga este tribunal.
El fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, explicó en su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI que, pese al «compromiso sostenido» mantenido con las autoridades venezolanas, la CPI concluyó que «el progreso real sigue siendo un reto», por lo que decidió clausurar la oficina instalada en el país suramericano en 2024 para trabajar junto a las autoridades venezolanas.
No obstante, Niang subrayó que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela «permanece activa» y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.
El Gobierno de Venezuela acusó el lunes a la Fiscalía de la CPI de desatender sus deberes para justificar un «colonialismo jurídico» contra el país suramericano.
En un comunicado publicado por la Cancillería, el Ejecutivo de Nicolás Maduro dijo que «es muy obvio» que en Venezuela no se han cometido crímenes de lesa humanidad y así, sostuvo, lo ha demostrado en «todas las instancias» en un proceso que tachó de «instrumentalizado con fines geopolíticos».
La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países. El Gobierno de Nicolás Maduro intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.
La acusación sobre incumplir «compromisos de cooperación»
La Asamblea, de mayoría chavista, también acusó a la Fiscalía de la CPI de incumplir sus «compromisos de cooperación y complementariedad» con el país y de haber mantenido «sin personal operativo» su oficina en Caracas.
En un acuerdo aprobado por unanimidad, los diputados denunciaron un «irresponsable incumplimiento de los compromisos de cooperación y complementariedad» por parte de la Fiscalía de la CPI, al «no designar personal para su oficina en Caracas ni formular aportes a las iniciativas para la justicia venezolana».
A juicio del Legislativo, la Fiscalía de la CPI demuestra «un evidente incumplimiento de los memorándums de entendimiento suscritos», por lo que la acusó de «desentenderse de su responsabilidad de apoyar y brindar asistencia técnica a las instituciones nacionales».
Por otra parte, la AN denunció que ese órgano del tribunal internacional «ha guardado un silencio abrumador durante más de cinco años» sobre el caso denominado Venezuela II, que documenta, según el texto aprobado por el Parlamento, los «crímenes de lesa humanidad perpetrados por los articuladores del bloqueo económico y las medidas coercitivas unilaterales».
La diputada Ilenia Medina, quien presentó el proyecto de acuerdo, cuestionó que la Fiscalía de la CPI decidiera cerrar su oficina en la capital venezolana justo cuando la nación se encuentra «acosada y amenazada por el poder imperial», en alusión al creciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.
«No quieren ser testigos de lo que pudiera ocurrir en Venezuela, si ocurre la agresión o se hace evidente la agresión. Son tan cínicos que deciden cerrar la oficina», expresó Medina.
En la víspera, Niang también subrayó que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela «permanece activa» y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.
