Jerusalén (EFE).- El grupo islamista Hamás denunció este viernes la aprobación del ministro de Finanzas israelí, el extremista Bezalel Smotrich, a la construcción de un nuevo asentamiento de grandes dimensiones en la parte oriental ocupada de la ciudad, que considera un «ataque» contra los palestinos.
«Es una grave escalada en el proyecto de asentamiento y anexión, y un nuevo crimen añadido al historial de la ocupación colonial que viola el derecho internacional», manifestó a través de un comunicado el grupo sobre el proyecto del asentamiento Mishmar Yehuda, que contempla la construcción de 3.600 viviendas en una zona situada al borde del muro de separación con el territorio palestino ocupado de Cisjordania.
Smotrich se refirió al proyecto en su cuenta de la red social X, donde dijo que Mishmar Yehuda «está destinada a ser una ciudad nueva, planificada, grande y hermosa».
Este nuevo asentamiento sirve además para «frenar la idea de establecer un Estado árabe en Judea y Samaria (denominación bíblica de Cisjordania)», añadió Smotrich, sancionado por los Gobiernos de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega y el Reino Unido por «incitar» a la violencia contra los palestinos en Cisjordania.
Buscan aislar a la ciudad de su entorno e identidad palestinos
Según Hamás, este proyecto forma parte de las «políticas sistemáticas» que las autoridades israelíes despliegan para «judaizar» Jerusalén, que buscan aislar a la ciudad de su entorno e identidad palestinos.
Asimismo, denuncian lo que consideran un «ataque flagrante» contra los derechos, la tierra y los lugares sagrados de los palestinos, que constituye un «desprecio» hacia la voluntad palestina y las advertencias de la comunidad internacional.
Por ello, consideran a las autoridades israelíes «plenamente responsables» de las consecuencias de su política de asentamientos, que supone una escalada de «la tensión y la inestabilidad» en la zona, y piden que la comunidad internacional tome «medidas urgentes» para detener este tipo de proyectos.
Pese a que las colonias israelíes son consideradas ilegales según la legislación internacional y son vistas como un obstáculo para la solución de los dos Estados al largo conflicto palestino-israelí, el Ejecutivo presidido por Benjamín Netanyahu ha promovido el crecimiento de este tipo de asentamientos en Cisjordania.
