París, (EFE).- El Gobierno francés aprobó este lunes un proyecto de ley especial que permite la continuidad de los ingresos y gastos del Estado ante la falta de un Presupuesto estatal para 2026 mientras el Ejecutivo intenta negociarlo con la oposición parlamentaria con una fecha límite durante el mes de enero.
«Este es un paliativo, un esparadrapo, nos da algunas semanas suplementarias para negociar» con los grupos de la oposición en el Parlamento, manifestó la portavoz del Ejecutivo francés, Maud Bregeon.
Tras el Consejo de Ministros Extraordinario, Bregeon contó que el presidente francés, Emmanuel Macron, juzgó que esta solución provisional de ley especial «no es satisfactoria» y urgió al Gobierno a «brindar lo más rápidamente posible, en enero» un Presupuesto estatal que incluya un 5 % de déficit público del PIB.
Votado en el Parlamento
Para su adopción, este proyecto de ley tendrá que ser debatido y votado mañana en el Parlamento, en el que el Ejecutivo tiene una mayoría muy relativa.
En una rueda de prensa en la que estuvieron también presentes el ministro de Economía y la de Hacienda, Roland Lescure y Amélie de Montchalin, respectivamente, alertaron del carácter provisional de una ley especial que permite a Francia «mantener que sus comisarías y escuelas sigan funcionando y que los funcionarios reciban sus salarios».
El Ejecutivo del primer ministro Sébastien Lecornu tenía de plazo hasta el 31 de diciembre para aprobar unas cuentas para 2026, algo que no logró debido a las divisiones de la Asamblea Nacional francesa.
Ronda de contactos
Para lograr un acuerdo sobre la prórroga, estuvo recibiendo a lo largo de este lunes a los principales líderes políticos, excluidos los de la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierdista La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, que han rechazado todo contacto con el Gobierno.
Una ronda de conversaciones que sirve para constatar el acuerdo mayoritario para prorrogar las cuentas del año pasado y proseguir las negociaciones para el presupuesto de 2026.
Los primeros en ser recibidos por Lecornu fueron los socialistas, que están sirviendo de apoyo para la continuidad del Gobierno, a costa de importantes concesiones que ponen en peligro el respaldo de los conservadores y de ciertos sectores del centro-derecha.
El líder socialista, Olivier Faure, acusó a la derecha de «rechazar todo compromiso» y aseguró que ellos mantendrán sus «exigencias», que pasan por «una mayor justicia social y evitar recortes en los servicios públicos».
Entre los partidos recibidos por Lecornu, Los Ecologistas adelantaron que no darán su aprobación para el actual plan presupuestario. También fueron citados en el Palacio de Matignon los líderes de la coalición ‘macronista’, los comunistas y la derecha conservadora.
Rechazo a la subida de impuestos
Si todos ellos están de acuerdo en prorrogar los presupuestos de forma provisional, los puntos de divergencia son importantes sobre la adopción de unas nuevas cuentas, puesto que la derecha y miembros de la coalición ‘macronista’ rechazan las subidas de impuestos y apuestan por los recortes como única manera de equilibrar las cuentas.
A ello se une el plazo de un mes dado por Macron y los intereses electorales de los diferentes partidos de cara a la campaña de las elecciones municipales de marzo, lo que puede dificultar todavía más la búsqueda de compromisos.
Al tiempo, los diferentes organismos económicos alertan de los problemas que puede acarrear la prórroga de los presupuestos, si se extiende en el tiempo, y la necesidad de que las cuentas de 2026 sitúen el déficit por debajo del 5 %.
Trayectoria presupuestaria
El presidente del Tribunal de Cuentas, el exministro socialista Pierre Moscovici, aseguró que Francia debe cumplir la trayectoria presupuestaria que presentó a Bruselas, que pasa por una reducción progresiva del déficit para situarse por debajo del 3 % del PIB en 2029, y consideró que de ello depende «la credibilidad» del país.
También aseguró que no reducir el déficit en 2026 supondría tirar la pelota para adelante y recordó que en 2027 hay elecciones presidenciales, lo que hará más difícil todavía llegar a compromisos de recortes del gasto.
