Lima (EFE).- Miles de autobuses acataron este miércoles un paro en la capital peruana y la colindante provincia portuaria de Callao para protestar contra las extorsiones y asesinatos que sufren por parte del crimen organizado, que han dejado 73 muertos entre sus trabajadores, desde septiembre de 2024 hasta diciembre pasado, lo que los convierte en uno de los sectores más golpeados por las bandas criminales.
Los gremios de transportistas anunciaron que 20.000 buses dejarían de trabajar este miércoles en la capital peruana en esta jornada de protesta y en las primeras horas del día el paro fue prácticamente total, pero después del mediodía comenzaron a circular algunas empresas por las avenidas principales.
Sin embargo, también se vio que algunas empresas de transporte formal e informal, así como vehículos pequeños, transportaron a ciudadanos a sus trabajos, en la mayoría de casos cobrando precios más elevados.
Otros servicios formales, como el sistema de transporte masivo del Metropolitano (autobús con carril exclusivo), los corredores complementarios de autobuses y las líneas del Metro también mantuvieron sus operaciones con normalidad, con alta demanda de pasajeros.
Gremios como la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao (CTU) anunciaron que iba a paralizar el 100 % de sus unidades y que durante el día realizarán movilizaciones pacíficas en diferentes puntos de la capital peruana.
Al respecto, el general Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional (PNP), declaró a medios locales que han desplegado a 13.000 agentes en la ciudad.
«Hasta el momento no hay novedad. Tenemos también 13 buses de la PNP en reserva ante cualquier necesidad para transportar a los ciudadanos», señaló.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) pidió a las empresas que den prioridad al teletrabajo y otorguen hasta cuatro horas de tolerancia en el ingreso a los centros laborales.
El primer paro del año
Este es el primer paro que acatan durante este año las empresas de transporte público de Lima y el Callao, que durante 2025 ya protagonizaron varias protestas similares donde lograron paralizar sectores enteros de la capital.
Los gremios afirmaron que la delincuencia organizada les exige cupos (pagos) para transitar por diferentes zonas de la ciudad, bajo amenazas de atacar a los autobuses y a sus trabajadores.
Consideraron que el estado de emergencia contra el crimen organizado, decretado desde octubre por el Gobierno de transición, que preside José Jerí, «no está dando resultados positivos».
Este lunes el portavoz del gremio Transportes Unidos, Martín Ojeda, afirmó en el Canal N que entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, 73 trabajadores de transporte público han muerto en ataques de bandas armadas y en lo que va del 2026, han fallecido otras tres personas del sector.
Jerí ya se reunió este lunes en el Palacio de Gobierno con varios representantes del gremio, tras lo cual aseguró que pensaba sumarse al paro para rechazar los ataques que sufren los conductores por parte de bandas criminales.
«Yo también he usado transporte público y lo sigo usando cada vez que puedo, cuando no me ven, evidentemente. Pero lo cierto es que hay una tarea común que es avanzar, controlar, mitigar, reducir y desaparecer la delincuencia», declaró.
Exigen mayor control
En otro punto de la ciudad, en el cono norte, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas realizó una manifestación en las calles donde acusaron al gobierno de «asesinarlos» y de promover leyes, junto al Congreso, que supuestamente alientan el crimen organizado.
«Lo que queremos es paz y tranquilidad, estrategia para poder combatir hoy día la delincuencia que nos sigue asesinando», dijo Martín Valeriano, presidente de este gremio.
Por su parte, los dirigentes de los transportistas que se reunieron con Jerí pidieron al gobernante que se entreguen más equipos a la Policía, se establezca un trabajo de control territorial y se mejore la iluminación en las zonas periféricas de la ciudad.
Añadieron que «el miedo es tremendo» entre los conductores y los trabajadores de sus empresas, y alertaron que afrontan una grave crisis económica, al tener autobuses paralizados «porque los choferes se han ido por temor a la delincuencia».
Los gremios afirman que la delincuencia organizada les exige cupos (pagos) para transitar por diferentes zonas, bajo amenazas de atacar a los autobuses y a sus trabajadores, y consideraron que el estado de emergencia decretado desde octubre por el Gobierno «no está dando resultados positivos».
