París (EFE).- La líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen negó este martes estar al frente de un sistema organizado de desvío de fondos del Parlamento Europeo, asediada por las preguntas de la presidenta del tribunal que le juzga en apelación por este caso que puede impedirle presentarse a las presidenciales de 2027 en las que es la clara favorita.
Le Pen respondió durante cinco horas a las preguntas de la jueza Michèle Agi, que fue desvelando las pruebas que ya sirvieron en primera instancia para condenar a la líder ultraderechista a cuatro años de cárcel, dos exentos de cumplimiento, y cinco de inhabilitación para cargo público.
Si en la primera jornada del proceso en apelación, hace una semana, Le Pen confesó que pudo cometer algún delito aunque lo habría hecho de forma involuntaria, un cambio de estrategia en su defensa, en su primera jornada de declaración se obstinó en mantener su inocencia sin reconocer todos los indicios en su contra.
«Niego de la manera más formal haber obligado a cada diputado a ceder al partido a sus asistentes parlamentarios», aseguró, pese al conjunto de declaraciones de otros testigos y los correos electrónicos intervenidos por la justicia que apuntan en ese sentido.
La acusación considera que Le Pen heredó de su padre Jean-Marie, también líder de la formación y eurodiputado durante un tiempo, un sistema organizado según el cual el dinero destinado por la Eurocámara ara la contratación de asistentes parlamentarios era utilizado para pagar a personal que, en realidad, trabajaba para el partido.
«La palabra ‘sistema’ me molesta, parece que hubiera una manipulación», señaló la acusada.
La política aseguró que fue bien su padre, fallecido hace un año, quien ideó el sistema de «mutualización» de los asistentes del Parlamento Europeo, según el cual todos trabajaban de forma conjunta y de forma indiferente para cada eurodiputado del partido, pero consideró que era «una práctica corriente» que los servicios de la Eurocámara conocían y nunca consideraron irregular.
«Jean-Marie Le Pen mantuvo el control del partido en el Parlamento Europeo» tras dejar la presidencia de la formación, «es difícil decir no a Jean-Marie Le Pen», señaló la actual líder del partido.
Reconoció que cuando heredó el liderazgo del partido supervisaba las contrataciones pero dijo que era únicamente para evitar «que sus ideas o declaraciones pasadas pudieran dañar al movimiento».
Le Pen niega la evidencia de las pruebas
La magistrada también insistió en varias de las pruebas que apuntalaron su culpabilidad en marzo pasado, lo que dejó en varios momentos en mal lugar a la líder ultraderechista.
Como el caso particular de la contratación como asistente parlamentario de su guardaespaldas personal, que antes había sido el de su padre, Thierry Légier, al que pagaban con dinero del Parlamento Europeo como «responsable de seguridad», pese a que las reglas de la cámara impedían esas funciones en su recinto.
Le Pen aseguró que Légier se ocupaba de la seguridad de todos los eurodiputados de su partido, pero tuvo problemas para contestar cuando la presidenta del tribunal le dijo que no asistía a la cámara cuando su padre o ella misma estaban ausentes.
«¿Los otros se las arreglaban por su cuenta?», ironizó la magistrada ante el desconcierto de la política.
Tampoco supo explicar el contrato de su hermana Yann Le Pen, que fue contratada inicialmente por 4.800 euros al mes a tiempo completo y luego pasó a un contrato a tiempo parcial pero con un salario de 5.000 euros mensuales.
A medida que avanzó el juicio, la presidenta fue acorralando a la acusada, que se refugió en olvidos, en la responsabilidad de otros y en la falta de claridad de las reglas del Parlamento Europeo.
