Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional ha accedido a entregar a Ecuador al hermano de William Joffre Alcívar Bautista, comandante Willy, un presunto líder de la banda los Tiguerones al que este tribunal dejó en libertad al haber vencido el plazo para que las autoridades ecuatorianas presentasen las garantías que les solicitó para ejecutar su extradición.
En el caso de su hermano, Álex Iván, la sección cuarta de lo Penal sí que ha considerado cumplidas las garantías exigidas a la República de Ecuador a las que se supeditaba también su entrega en extradición, según ha acordado la Sala en un auto dictado este martes al que ha tenido acceso EFE y contra el que cabe recurso de súplica.
En un primer momento, la Fiscalía consideró, en un escrito del pasado 5 de enero, al que tuvo acceso EFE, que, al igual que había ocurrido con William Joffre, procedía declarar como no prestadas las garantías exigidas y en consecuencia, denegar la entrega del reclamado y dejarle en libertad.
Sin embargo, la Sala recibió dichas garantías y consideró que habían sido remitidas en plazo, por lo que dio traslado al fiscal, que finalmente informó en el sentido de que eran suficientes para acceder a la entrega de Álex Iván, Ronco, considerado también cabecilla de los Tiguerones y reclamado por dos causas, una por delitos de delincuencia organizada y otra por «secuestro extorsivo».
Medidas adoptadas por la SNAI
Las autoridades ecuatorianas han remitido a la Audiencia Nacional una serie de informes que contienen las recientes medidas adoptadas por la SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores) para mejorar las condiciones de las prisiones y el respeto a los derechos humanos de los internos.
Estas medidas, indica el auto, están dirigidas a la mejora del tratamiento penitenciario, a paliar el hacinamiento y a recuperar la situación de las prisiones a través del proyecto de inversión denominado «readecuación y equipamiento de la infraestructura penitenciaria para mejorar la habitabilidad, seguridad y rehabilitación de las personas privadas de libertad».
Por ello, la Sala entiende que en la contestación remitida se especifican «las medidas concretas que se han implementado» y que corresponden con las propuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «razón por la cual consideramos cumplidas las garantías exigidas», señala.
Los dos hermanos fueron detenidos juntos en octubre de 2024 en Segur de Calafell (Tarragona), si bien sendas peticiones de extradición se tramitaron en procedimientos distintos y han sido diferentes las secciones de lo Penal las que han decidido acerca de la reclamación de ambos.
Respecto a Álex Iván, la decisión de autorizar su extraditación se produjo días después que la de su hermano, si bien en ambos casos la entrega quedó supeditada a que Ecuador prestase garantías de su derecho a la vida y a la integridad personal en sus prisiones y que fueran avaladas y verificadas por un organismo con capacidad de actuación en Ecuador como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para hacer efectiva la entrega de William Joffre, la sección tercera de lo Penal pidió a las autoridades ecuatorianas que en tres meses presentasen dichas garantías, decisión que ratificó el pleno de la Sala de lo Penal al rechazar el recurso de la defensa del reclamado el pasado 30 de mayo.
Sin embargo, al considerar que Ecuador no prestó dichas garantías en plazo, el tribunal acordó dejarle en libertad y archivar el procedimiento.
Al autorizar sendas extradiciones, las dos secciones de lo Penal de la Audiencia Nacional que han intervenido -la tercera y la cuarta- argumentaron que debido a la situación de violencia que existe en las cárceles en Ecuador era necesario exigir esas garantías para decidir si se hacía efectiva la entrega.
Al conocido como comandante Willy, que quedó en libertad, las autoridades judiciales de Ecuador le acusan del asalto al canal de televisión para coaccionar al Gobierno ecuatoriano y exigirle que cesara la presión policial sobre las bandas criminales del país catalogadas como terroristas.
A la banda de los Tiguerones se le atribuye además el asesinato de César Suárez, el fiscal ecuatoriano acribillado días después de comenzar la investigación por estos hechos, por delitos de terrorismo a la organización criminal.
