La Haya, (EFE).- La Fiscalía del Tribunal Especial para Kosovo (TEK) consideró este lunes que hay «una gama extraordinariamente amplia de pruebas» para condenar al expresidente kosovar Hashim Thaci a 45 años de prisión por crímenes de guerra y lesa humanidad de persecución, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos de opositores.
En su alegato final, la acusación defendió que los hechos y la ley justifican condenas por diez cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, y la imposición de una pena única de 45 años de prisión.
Pero subrayó que no se pide una condena contra el Ejército de Liberación de Kosovo (KLA) como organización, ni por el mero hecho de pertenecer a ella, sino por sus contribuciones individuales a los crímenes cometidos entre 1998 y 1999 en Kosovo y el norte de Albania.
Junto a Thaci, también enfrentan estos cargos Kadri Veseli, expresidente del Parlamento kosovar y líder del Partido Democrático de Kosovo PDK; Rexhep Selimi, jefe del grupo parlamentario opositor Vetevendosje; y Jakup Krasniqi, presidente del consejo nacional del partido Iniciativa Socialdemócrata.
Todos se han declarado inocentes de todos los cargos.
Gama «extraordinariamente amplia» de pruebas
Los cuatro, en La Haya desde 2020, son considerados dirigentes activos del KLA, guerrilla albanokosovar que se enfrentó a Serbia en los noventa, y se les imputan crímenes que incluyen asesinatos, torturas, persecución, detenciones arbitrarias, tratos crueles y desapariciones forzadas de civiles y opositores políticos a los que los acusados consideraban «colaboradores» o «traidores».
La Fiscalía afirmó que hay «una gama extraordinariamente amplia de pruebas», incluidos comunicados públicos, reglamentos, órdenes, informes de inteligencia y militares, informes policiales, cuadernos y diarios, actas de reuniones, inspecciones, nombramientos y ascensos, además de testimonios de los testigos.
Ese material, señaló la acusación, demuestra que, desde el inicio hasta el final del periodo analizado, el señalamiento de supuestos «colaboradores» y «sospechosos» fue «constante», incluso cuando el discurso se moderaba para responder a la presión de la comunidad internacional.
La Fiscalía describió a los acusados como «pioneros» del KLA, vinculados desde los primeros años a estructuras clandestinas que impulsaron la creación del ala militar, que operó mediante decisiones colectivas.
También rechazó la tesis de la defensa de que el KLA fuera una suma de unidades autónomas sin vínculo de mando y consideró que la integración bajo la autoridad del Estado Mayor fue un proceso rápido y eficaz, con la creación de la policía militar, los servicios de inteligencia y unidades especiales, capaces de llevar a cabo detenciones y castigos.
«Hasta la victoria final»
Los comunicados del KLA difundieron, según la acusación, un mensaje coherente durante años: independencia «hasta la victoria final», castigos a quienes promovieran opciones de autonomía y consolidar su control con un trato «sin piedad» contra ocupantes y colaboradores.
En relación con 1998, la Fiscalía citó varios lugares que funcionaron como centros de detención temidos por la población local y en ellos, afirmó, se retuvo a civiles -agricultores, profesores y personas mayores- acusados de colaborar, espiar o apoyar a fuerzas políticas rivales, y se les sometió a malos tratos y se les mantuvo en condiciones «infrahumanas», como parte de una política sistemática destinada a eliminar rivales y consolidar el control territorial y político.
Haciendo hincapié en el impacto humano del conflicto, citó testimonios de familiares que llevan décadas sin conocer el destino de sus seres queridos y recordó el testimonio de una mujer que perdió a su hijo y a su pareja, y aseguró que llegaría «hasta el fin del mundo» para conocer la verdad, así como el de otros testigos que describieron la frustración de «25 años sin respuesta».
El Tribunal Especial para Kosovo tiene sede en La Haya pero está integrado en el sistema judicial kosovar. El proceso se sigue con división en Kosovo, donde algunos sectores consideran el tribunal una injusticia y otros lo ven como clave para establecer responsabilidades individuales por crímenes cometidos durante la guerra.
