Brasilia (EFE).- La Fiscalía de Brasil afirmó este martes que los cinco acusados de planear y ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco integraban una poderosa organización criminal dedicada a apropiarse ilegalmente de terrenos públicos en Río de Janeiro y que estaba vinculada a grupos de ‘milicianos’.
El viceprocurador general de la República, Hindenburgo Chateaubriand, afirmó que los acusados asesinaron a la concejala por considerarla una «amenaza» a las actividades de la organización, ya que defendía el uso de terrenos cuestionados para la construcción de conjuntos residenciales para los pobres.
«Por ese motivo, y comprobada la autoría del crimen con las pruebas presentadas, la Fiscalía pide la integral procedencia del proceso penal», afirmó el representante del Ministerio Público Federal en su alegato, en el primer día del juicio contra los presuntos autores intelectuales.
Además de las condenas penales, Chateaubriand pidió que los cinco acusados sean obligados a pagar indemnizaciones por daños morales y materiales a los familiares de las víctimas.
Un crimen motivado por el control territorial
El juicio por el crimen ocurrido el 14 de marzo de 2018 y que causó conmoción internacional comenzó con la lectura de los cargos contra los cinco acusados, entre los que figuran Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas de Río, y su hermano, João ‘Chiquinho’ Brazão, exdiputado federal.
Ambos enfrentan los cargos de «organización criminal, doble homicidio calificado y tentativa de homicidio».
La Fiscalía también denunció a Rivaldo Barbosa, comisario de la Policía Civil de Río; Ronald Paulo Alves, expolicía militar; y Robson Calixto Fonseca, conocido como ‘Peixe’, antiguo asesor del Tribunal de Cuentas fluminense.
En su alegato, el representante de la Fiscalía afirmó que los hermanos Brazão se asociaron desde hace al menos tres décadas a grupos milicianos (parapoliciales) que actúan en la región oeste de Río de Janeiro para «garantizar el control» de un área de interés para sus negocios inmobiliarios.
«En contrapartida les ofrecieron (a los milicianos) acceso al beneficio que el poder político les podía proporcionar», aseguró Chateaubriand sobre los diferentes cargos en el Ejecutivo y el Legislativo ejercidos por los hermanos y sus aliados.
Las pruebas del caso de Marielle Franco
La Fiscalía citó los testimonios de testigos, principalmente exmilicianos, según los cuales esa alianza les permitió «control territorial, posibilidad de explotar actos ilícitos, monopolio de las campañas electorales en las áreas dominadas y el cobro de tasas ilegales por servicios públicos».
La acusación también presentó como pruebas las escrituras de al menos 89 terrenos en el área dominada por la milicia a nombre de los hermanos Brazão y que se refieren a lotes públicos ocupados ilegalmente y regularizados mediante fraudes.
Según la Fiscalía, tales terrenos estaban supuestamente ocupados por personas pobres que pedían la usucapión de los mismos y después los vendían a precios irrisorios a los hermanos Brazão.
«Pero cualquiera que se opusiera a la legislación usada para regularizar esos terrenos representaba una amenaza y eso ocurrió con Marielle Franco, que pasó a reunirse con habitantes de esas regiones y a defender la expropiación de esos terrenos para su uso en la construcción de conjuntos de viviendas de interés social», dijo.
La Fiscalía igualmente presentó pruebas de que, ante la amenaza percibida, la organización liderada por los hermanos Brazão infiltró un miliciano en el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) para vigilar la formación y seguir los pasos de sus dirigentes.
Marielle Franco, nacida en una favela y militante del PSOL, fue asesinada a tiros junto al conductor de su vehículo, Anderson Gomes, tras participar en un acto político en Río.
Los autores materiales del crimen ya están condenados y uno de ellos, Ronnie Lessa, decidió colaborar con la Fiscalía y delatar a todos sus cómplices.
