Venezuela Ley de Minas
El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Giuseppe Alessandrello (Abajo), entrega al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, el informe del Comité de Evaluación de Postulaciónes del Poder Ciudadano para la designación del defensor del pueblo y el fiscal general este jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Pena R

El Parlamento de Venezuela designa a un nuevo fiscal general y a una defensora del pueblo

Caracas (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, designó este jueves a los abogados Larry Devoe como el nuevo fiscal general y a Eglée González como la nueva defensora del pueblo, luego de que los titulares de estas instituciones renunciaran en febrero pasado en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía.

En una transmisión de la AN, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, juramentó a Devoe, colaborador cercano del chavismo, y también a González, de quien subrayó previamente que «jamás ha militado en un partido político» y consideró esto como una «gran oportunidad».

Por su parte, el diputado Henri Falcón rechazó la designación de ambos funcionarios en nombre de su bancada opositora, Libertad, al considerar que no respaldará la designación de un fiscal ni de un defensor que no reúna las condiciones de «idoneidad, autonomía, independencia y pluralidad democrática».

El abogado y colaborador cercano del chavismo Larry Devoe jura tras su designación como nuevo fiscal general de Venezuela este jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

Denuncias frente a la selección del nuevo fiscal y defensora en Venezuela

«Sabemos que las instituciones han sido habilitadas como trincheras ideológicas de una parcialidad política en Venezuela», subrayó Falcón.

En marzo, un total de 11 organizaciones no gubernamentales denunciaron la «ausencia de reglas claras y públicas» sobre el procedimiento y los criterios de evaluación para designar a los titulares de la Fiscalía General y Defensoría del Pueblo.

La abogada y profesora universitaria Eglée González Lobato jura tras su designación como nueva defensora del pueblo de Venezuela este jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

En un comunicado, reclamaron entonces que el pasado 25 de febrero se conformara un Comité de Evaluación de Postulaciones del Parlamento integrado «únicamente por diputados en funciones, en su mayoría del partido oficialista, sin incluir representantes de diversos sectores de la sociedad conforme lo requieren la Constitución y la ley».

El proceso para designar a un nuevo fiscal y defensor se inició después de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos allegados al chavismo, dimitieran de estos cargos.

Sus renuncias se dieron en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada en febrero y que permite, en teoría, liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 «hechos» ocurridos en 13 años.

Opositor Guanipa acusa al nuevo fiscal general de Venezuela de ser «cómplice» del chavismo

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado, acusó al recién nombrado fiscal general de Venezuela, el abogado Larry Devoe, de ser «cómplice por años» de «todas las atrocidades del chavismo».

En un video publicado en X, Guanipa subrayó que en 2014 a Devoe lo designaron secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, cargo en el que, según el opositor, «ignoró» y se «burló» de «miles de venezolanos que han torturado por el chavismo».

En este sentido, afirmó que en 2014 y 2017 Devoe tampoco «dijo nada» sobre personas que resultaron asesinadas en el marco de una serie de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Además, indicó que, en 2019, el nuevo fiscal le prohibió la «entrada a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)» para que no se reportara «todo lo que el chavismo le estaba haciendo a los venezolanos».

Guanipa añadió que Devoe no se pronunció después de que Maduro se «robara» las presidenciales de 2024 y se desatara una crisis poselectoral que, aseguró, dejó a «más de 3.000» personas detenidas, incluyendo a menores de edad, y «más de 30» muertos.