Bogotá (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este miércoles que Bolivia está pasando a «extremismos» luego de que el Gobierno de ese país ordenara la expulsión de la embajadora de Bogotá en La Paz, Elizabeth García, a la que acusa de supuesta «injerencia» en asuntos internos.
«Si por proponer un diálogo y una intermediación sacarán a la embajadora, es porque se está pasando a extremismos que pueden llevar a una situación muy difícil al pueblo boliviano, espero que eso no pase», dijo Petro en una entrevista con Caracol Radio.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se refirió a las declaraciones de Petro sobre la situación interna del país y las calificó como un «ataque a la democracia».
«El ataque de Petro es un ataque a la democracia boliviana, porque él ha preferido su ideología que, parece, carece de conceptos democráticos, por encima de las relaciones y el respeto a la democracia de nuestras naciones», afirmó el mandatario en una rueda de prensa en la casa de Gobierno, en La Paz.
Paz apuntó que la embajadora colombiana «se va» por ser «representante de la voluntad política» y «antidemocrática» de Petro y porque Bolivia no puede aceptar «tremenda injerencia».
El mandatario recordó que su Gobierno no hizo más que hablar de Colombia «en muy buenos términos» y que «nunca» lo hizo de la forma en que actuó el presidente colombiano.
La expulsión de la embajadora de Colombia
La Cancillería de Bolivia señaló este miércoles en un comunicado que su Gobierno «ha decidido solicitar a la Embajadora de la República de Colombia acreditada en el país la conclusión de sus funciones diplomáticas en territorio boliviano, otorgándole el plazo correspondiente conforme a las normas internacionales vigentes».
«La decisión adoptada responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados, pilares fundamentales de la convivencia internacional y de las relaciones diplomáticas entre naciones soberanas», indicó la información.
«Lo que sabemos que pasa en Bolivia, hasta este momento, es que hay un pueblo en las calles al que están matando y hay un Gobierno que está cuestionado por ese pueblo», aseguró Petro hoy luego de conocer la expulsión de su embajadora.
El presidente colombiano dijo que Bolivia necesita que «se abra un gran diálogo nacional» para solucionar los conflictos o podría haber «una masacre sobre la población boliviana que ningún ser humano en el mundo debe querer ni desear».
La petición de Bolivia a Petro
Por su parte, el Gobierno de Bolivia acusó a Petro de actuar como «cómplice» del exmandatario boliviano Evo Morales por sus declaraciones sobre la crisis en el país y le pidió, en cambio, colaborar para que el líder cocalero comparezca ante la Justicia por un caso de presunta trata agravada de personas.
En una rueda de prensa, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, cuestionó que Petro se ofrezca como mediador en los conflictos en Bolivia cuando el país «no está» en una situación que lo requiera y también le acusó de haber denunciado «con información falsa que se estaría asesinando a gente en las calles».
Aramayo consideró que por detrás de esos criterios, que son «mentira», hay «una acción política y cómplice» de Morales (2006-2019) e indicó que le gustaría que Petro se exprese «sobre las denuncias y los casos de pedofilia frente a los cuales» el exgobernante boliviano «no responde».
La razón detrás de la decisión de Bolivia
Petro afirmó el domingo que Bolivia vive una «insurrección popular» que, a su juicio, es una «respuesta a la soberbia geopolítica» frente las protestas y bloqueos de carreteras de sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y afines al exmandatario boliviano Evo Morales (2006-2019) que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Gustavo Petro ofreció ese día la disposición de su Gobierno, que termina el próximo 7 de agosto, para contribuir a una salida pacífica de la crisis, pidió que «no haya presos políticos en ninguna parte de las Américas» y llamó a construir una «democracia profunda, multicolor» en la región.
La ciudad de La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo bolivianos, y el departamento homónimo concentran las protestas y bloqueos de carreteras que exigen la renuncia de Paz, quien lleva seis meses de gestión.
