Washington (EFE).- La Administración de Donald Trump anunció este lunes acciones legales destinadas a revocar la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que hayan cometido fraude durante sus procesos migratorios.
En un comunicado, el Departamento de Justicia informó que ha presentado demandas ante varios tribunales federales contra 17 ciudadanos naturalizados estadounidenses acusados de «delitos graves», entre ellos abuso sexual a un menor, fraude bancario y narcotráfico.
«Cuando los extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias», declaró el fiscal general interino, Todd Blanche.
This Department of Justice has filed DENATURALIZATION ACTIONS in various U.S. district courts against 17 individuals accused of serious offenses.
— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) June 8, 2026
“When criminal aliens exploit the naturalization process by breaking the law, there are consequences. Criminal aliens are lying about… pic.twitter.com/mhr1D9xxT8
Entre los afectados figuran ciudadanos naturalizados de múltiples países, entre ellos Cuba, Haití, Colombia, México, India, Somalia, Filipinas o Jamaica.
Buscan sanciones drásticas
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró que la Administración seguirá utilizando «todas las vías legales» para expulsarlos del país.
«La ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente. Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procedimientos migratorios, pierdes ese privilegio», escribió el responsable de Seguridad Nacional en la red social X al compartir la noticia sobre las demandas adelantada por la cadena CBS.
Mullin añadió que su Departamento no permanecerá «de brazos cruzados mientras los estadounidenses sean perjudicados por criminales», que, según afirmó, «han explotado la generosidad de EE.UU. y se han aprovechado de su sistema migratorio».
En caso de que prosperen estos procedimientos, las personas afectadas regresarían a su estatus migratorio previo y perderían todos los derechos asociados a la ciudadanía estadounidense, incluida la protección frente a la deportación.
La ofensiva forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsado por la Administración de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.
