Bogotá (EFE).- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró este domingo que tomó la decisión de dar por terminadas las conversaciones con tres grupos armados ilegales, iniciadas por su antecesor, Gustavo Petro, porque esas organizaciones no tienen voluntad de paz.
«He tomado esta decisión porque no existe una voluntad real y verificable de paz, mucho menos de reinserción a la vida civil o de sometimiento serio a la Justicia que justifique mantenerlas», expresó el mandatario en una alocución.
De la Espriella revocó el viernes los nombramientos de representantes del Gobierno y reconocimientos de delegados de la contraparte en los diálogos de la llamada ‘paz total’ con dos disidencias de las FARC -el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) y la Coordinadora Nacional Ejército Boliviariano (CNEB)- así como con las paramilitares Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).
El EMBF hizo parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, pero en 2024 se separó de ese grupo por su negativa a continuar los diálogos de paz con el Gobierno de Petro.
La CNEB, por su parte, surgió de una escisión de otra disidencia llamada Segunda Marquetalia, por divisiones internas, y está compuesta por la Coordinadora Guerrillera del Pacífico (CGP) y los Comandos de Frontera (CDF).
Claudicación del ejercicio de soberanía
En opinión del mandatario, estas negociaciones fueron «la claudicación del ejercicio de la soberanía a favor del narcoterrorismo».
«No voy a permitir que la palabra paz siga siendo utilizada como excusa para la impunidad, ni que una mesa de diálogo se convierta en refugio para quienes persisten en la violencia y la criminalidad. Se acabaron las mesas sin resultados y beneficios, sin que haya contraprestaciones reales», añadió.
La política de ‘paz total’, buque insignia del anterior Gobierno, naufragó por el fracaso de los diálogos con los distintos grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central, que fueron suspendidos por el propio Petro alegando falta de voluntad de paz.
Esa ambiciosa propuesta también incluía negociaciones con las disidencias de las FARC y el sometimiento a la justicia de bandas como el Clan del Golfo, la mayor organización criminal del país, pero los resultados fueron pocos.
En ese sentido, De la Espriella aseguró que quienes persistan en las armas y el crimen «encontrarán en frente toda la capacidad legítima del Estado».
«Mi concepción de la paz es clara: la paz se garantiza y se impone con la fuerza legítima de las armas y las leyes de la república, bajo el imperio de la ley, bajo el Estado de derecho», sentenció.
La disculpa del mandatario
En la misma alocución, De la Espriella pidió disculpas a quienes haya podido ofender el acto religioso que se llevó a cabo durante su investidura, el pasado 7 de agosto, en acatamiento a una decisión de un juez que consideró que el mandatario vulneró la neutralidad religiosa durante la ceremonia.
«Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado ofrezco excusas por ello», expresó De la Espriella, luego de que el juez Quinto Laboral del Circuito de Bogotá le ordenara disculparse.
El juez ordenó el miércoles pasado al mandatario, al resolver en primera instancia una acción de tutela (recurso de amparo), que «en alocución en radio y televisión a realizarse el martes 30 de septiembre de 2026» ofrezca disculpas al país «por haber vulnerado la neutralidad religiosa del Estado en el acto oficial de su posesión como presidente».
Instó además a De la Espriella a abstenerse de «incurrir en conductas que lleven aparejado su inclinación a la iglesia católica o a cualquier otro credo particular».
Separación entre Iglesia y Estado
El presidente señaló que la elaboración del orden del día de su ceremonia de investidura estuvo a cargo del Congreso, que incluyó un punto denominado «invocación».
«Aunque me identifico como creyente, soy católico, respeto la separación entre la Iglesia y el Estado y garantizaré en el marco de mis funciones las libertades y los derechos de todos los colombianos sin ningún distingo, incluida la libertad de profesar cualquier religión o de no profesar ninguna», explicó.
Pese a que Colombia es un Estado laico, la religión fue protagonista del final del acto solemne de investidura, llevado a cabo en la Arena USC de la ciudad de Cali (suroeste).
Durante el acto intervino el rabino David Michaan, quien leyó versículos del Antiguo Testamento y terminó su discurso al grito de «Viva Colombia y viva Israel».
Le siguieron el pastor Eduardo Cañas Estrada y el monseñor Francisco Múnera, que pidieron, por separado, que cesen los atentados terroristas, vuelva la seguridad y prime la unión.
Las intervenciones religiosas se produjeron ante una audiencia integrada por congresistas, autoridades nacionales y representantes internacionales y marcaron una parte significativa de la ceremonia que, además del componente constitucional de la transmisión de mando, incorporó distintos elementos religiosos y espirituales, entre ellos una imagen de la Virgen María.
