Nueva York (EFE).- Una coalición de nueve organizaciones presentó este viernes una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump para detener las amenazas de intervención de agentes armados en los centros de votación de las elecciones de mitad de mandato, que tendrán lugar en noviembre.
La querella, presentada en una corte federal del distrito de Columbia (Washington), incluye al Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Justicia y sus respectivos directores.
Con esta acción legal, las organizaciones buscan proteger y fortalecer la libertad de voto, «contribuyendo a garantizar que todas las comunidades puedan participar plenamente en nuestra democracia con confianza», señala un comunicado conjunto de los grupos.
Indican además que en la demanda documentan cómo el Gobierno federal se ha atribuido autoridad para que agentes armados operen en las inmediaciones de los centros de votación, «ha desmantelado las salvaguardias internas de las agencias contra la interferencia electoral y ha realizado intentos sin precedentes para imponer el poder ejecutivo sobre la administración de las elecciones».
Aseguran que con esas acciones el resultado «es predecible»: los votantes de todo el país, especialmente los afroamericanos, latinos, asiático-americanos e isleños del Pacífico, los inmigrantes y los ciudadanos naturalizados, así como los votantes de familias con estatus migratorio mixto, tendrán temor a que los interroguen, arresten, vigilen o a sufrir el uso de la fuerza.
La posibilidad de agentes federales en centros de votación
Aunque el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha dicho que no habrá presencia de agentes en los centros de votación -lo que está prohibido por ley federal- tampoco los descartó si fuera necesario ejecutar una orden de arresto o hubiera una amenaza contra un lugar de votación.
Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, también dejó abierta la posibilidad de enviar agentes federales durante una audiencia este mes en el Senado para asegurar «la integridad del proceso electoral».
Esas amenazas, aseguran, socavan la confianza pública y disuaden a los electores de ejercer su derecho al voto, por lo que piden al tribunal la prohibición de usar las fuerzas del orden en los centros de votación o sus alrededores.
Los demandantes recordaron que en el último año el Gobierno federal también «ha eludido o ignorado» repetidamente la ley al llevar a cabo arrestos, investigaciones y acciones de control migratorio.
La acción legal fue presentada por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), Mi Familia en Acción, Asian Pacific American Advocates, la Liga Urbana Nacional, Minnesota 8, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, la Federación Estadounidense de Maestro, el Sindicato Internacional de Pintores y la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y el Comercio.
