Guayaquil (Ecuador) (EFE).- Un tribunal de Ecuador rechazó este martes suspender la ejecución de la pena de cinco años de cárcel impuesta al expresidente Lenín Moreno (2017-2021) por recibir sobornos de la empresa estatal china Sinohydro, para viabilizar el financiamiento de la construcción de Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país andino.
Por unanimidad, los jueces negaron la solicitud que hizo Moreno, y otras once personas, entre ellas su esposa, Rocío González; su hija, Irina Moreno, y sus hermanos, Edwin y Guillermo, condenados a dos años y seis meses de prisión por el delito de cohecho.
Con esta medida, los sentenciados buscaban evitar la cárcel a cambio del cumplimiento de una serie de condiciones y obligaciones establecidas por la Justicia.
El argumento de la defensa de Lenín Moreno
El expresidente, su familia y los otros procesados invocaban un artículo del código penal que permite suspender la ejecución de la pena de cárcel si se cumple con requisitos como que no exceda los cinco años o que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en curso, entre otros.
El artículo fue reformado en 2021 para excluir de este beneficio a los condenados por cohecho, pero las defensas de los sentenciados aseguraban que, cuando se produjeron los hechos juzgados, aún estaba vigente la norma sin modificaciones.
Sin embargo, el tribunal señaló que este argumento no era correcto, pues los hechos se registraron entre 2008 y 2018 y la norma que no excluía al cohecho solo estuvo vigente entre 2014 y 2021.
Además, que el proceso judicial por este caso inició en 2023, cuando la reforma ya tenía más de un año en vigencia.
El caso de corrupción
Moreno resultó condenado el pasado 28 de agosto junto a otras diecinueve personas después de que el mismo tribunal lo declarara culpable de recibir sobornos para favorecer el financiamiento para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, ejecutada por Sinohydro.
Los jueces acogieron la tesis de la Fiscalía, que sostuvo que Sinohydro pagó unos 76 millones de dólares en sobornos que se canalizaron a través de un entramado de empresas y distribuidos entre distintas personas, incluidos miembros de la familia del exmandatario.
Los hechos sucedieron cuando Moreno ejercía como vicepresidente durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y, según los jueces, intervino desde su cargo en un «ámbito ajeno a su rectoría» para favorecer a la compañía china y, a cambio, su entorno familiar recibió beneficios, unas acusaciones que el exmandatario ha rechazado.
