Buenos Aires (EFE).- Los abogados defensores del psicólogo acusado por la muerte de Diego Armando Maradona, Carlos Díaz, rechazaron este martes en sus alegatos de cierre las acusaciones contra su cliente y aseguraron que las pruebas en su contra «brillan por su ausencia».
“El dolor merece respeto pero la Justicia merece pruebas. Y esas pruebas brillan por su ausencia”, dijo el letrado Luciano Zorilla, uno de los representantes de Díaz, al comienzo de su alegato.
Díaz fue acusado por la Fiscalía de invadir las competencias médicas y recomendar limitar la actuación de los enfermeros al mero suministro de medicación.
También, de ocultar al entorno familiar el verdadero estado de salud del paciente e impedir el contacto con él durante sus últimos días de vida.
A lo largo del juicio se demostró que el psicólogo recomendó «darle espacio» al exfutbolista y que sugirió a la familia que se abstuviera de visitarlo.
«Los tratamientos vinculados a las adicciones tienen esos perfiles muchas veces. Cuando uno ingresa a una persona en un instituto no ve a sus familiares por lo menos durante un mes», aseguró Olmedo, aunque ninguno de los testigos expertos en adicciones que convocó dijo algo similar durante el proceso.
El juicio
Durante el juicio también se exhibieron mensajes en los que se refirió de manera despectiva a las hijas del astro.
«Nadie va preso por bocón (bocazas)», aseguró Olmedo, quien agregó que las hijas «están enojadas» con Díaz por los mensajes «feos, sin duda, pero no delictivos».
Durante al alegato, Gianinna Maradona, una de las hijas del exfutbolista, expresó enojo en sus redes sociales y escribió: «Qué asco».
La semana pasada, el abogado de Jana Maradona, otra de las hijas del ‘Diez’, consideró en sus alegatos que la actuación del psicólogo fue por momentos «desagradable», pero aún así no logró vincular sus acciones y omisiones a la muerte del ídolo, el 25 de noviembre de 2020.
También pidió su absolución el abogado de tres de las hermanas del astro, Ana, Rita y Norma Maradona.
Mientras otras dos querellas se alinearon a las penas solicitadas por la Fiscalía -5 años de prisión y 10 de inhabilitación por homicidio culposo-, la quinta solicitó 12 años de prisión y 24 de inhabilitación por el delito de homicidio simple con dolo eventual.
El hecho de que los acusadores no hayan podido ponerse de acuerdo, consideró Zorilla, es prueba de la inocencia de su cliente: «Si hay duda, no hay condena».
