Bogotá (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este lunes crímenes de guerra y de lesa humanidad a once excomandantes de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por violencia sexual, esclavitud sexual, de género y persecución contra civiles.
«La imputación se construyó con los relatos de 743 víctimas acreditadas. 573 de ellas son mujeres, incluidas 18 trans; 81 son hombres, de los cuales seis son trans. 272 personas eran niñas o niños cuando ocurrieron los hechos», señaló la JEP, creada por el acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y las FARC en 2016.
Los 11 exjefes guerrilleros imputados fueron comandantes y miembros de estados mayores -entre otros cargos de mando- de los extintos bloques Sur, Oriental, Noroccidental, Occidental y del Comando Conjunto Central de las FARC.
«Los comparecientes fueron identificados como máximos responsables por mando o autoría directa de los crímenes de guerra de violación, violencia sexual, esclavitud sexual, homicidio, tortura, tratos crueles y desplazar a personas civiles», agregó el tribunal.
Responsabilizan a los excomandantes
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP señaló que algunos de los 11 excomandantes -entre los que están Luis Eduardo Rayo, conocido como Marlon, y Fabián Ramírez Cabrera- fueron responsables por no prevenir, investigar ni castigar a sus subalternos, quienes cometieron los crímenes directamente, mientras que otros son autores directos.
«La Sala también encontró que la mayoría de los autores materiales murieron en la guerra», detalló la información.
De 2.222 procesos por violencia sexual y de género atribuidas a las FARC registrados en la justicia ordinaria, el 91 % no llegó a juicio y el 78 % no superó las etapas iniciales de investigación.
La JEP señaló además que ninguno de los excomandantes imputados había estado en la cárcel por estos crímenes.
Estas imputaciones hacen parte del Caso 11 que investiga la JEP, abierto en agosto de 2023, sobre violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva, y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión y/o identidad de género diversa en el marco del conflicto armado colombiano.
«La investigación del Caso 11 nació de una petición de las víctimas y sus organizaciones, que solicitaron a la JEP un espacio para investigar la violencia de género y por prejuicio en el conflicto armado», agregó el alto tribunal.
