Murcia, 23 mar (EFE).- En los próximos días el Gobierno murciano recurrirá ante el Tribunal Supremo el decreto por el que se modifican las cantidades máximas que se podrán trasvasar del Tajo al Segura subrayando las “principales deficiencias” de ese texto en cuanto a la falta de criterios técnicos, modificaciones unilaterales e incompatibilidades.
El Consejo de Gobierno ha dado este jueves luz verde a la presentación de ese recurso, que se anunció el pasado 24 de enero, el mismo día en que los nuevos planes hidrológicos y de cuenca fueron aprobados por el Consejo de Ministros.
El portavoz del Ejecutivo, Marcos Ortuño, ha señalado en rueda de prensa que el texto está prácticamente cerrado, por lo que se remitirá al Supremo “en los próximos días”, en torno al lunes o martes próximo.
El rechazo al decreto por parte de la comunidad autónoma se argumentará, por un lado, en la idea de que la normativa estatal se base en criterios ideológicos y no científicos o técnicos, y también en que el proyecto fue aprobado “de manera unilateral” por el Consejo de Ministros modificando el acuerdo previo que se había adoptado en la Comisión Nacional del Agua.
El Ejecutivo murciano apelará también a la incompatibilidad que genera el decreto entre el plan de cuenca del Tajo y el del Segura, una circunstancia de la que ha avisado también la Confederación Hidrográfica del Segura, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica.
Además, abundará en que los caudales mínimos establecidos para la cabecera del Tajo carecen de rigor técnico.
El portavoz no ha descartado que junto con el recurso se soliciten medidas cautelares para no aplicar los recortes en el agua trasvasada y evitar así “el desastre”, ha dicho, tras recordar que el decreto prevé una reducción de los envíos de agua de hasta 100 hectómetros cúbicos anuales con respecto a los trasvases actuales, lo que supone reducir casi a la mitad las aportaciones que hay ahora.
Preguntado por el recurso que la Comunidad Valenciana ha interpuesto en este mismo sentido, Ortuño ha lamentado que en ese caso no está respaldado por los regantes, que lo consideran “decepcionante” porque “asume” que se recortará el trasvase.
“Nosotros no aceptaremos ningún recorte”, ha insistido, tras acusar al presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, de presentar “un recursito” para “quedar bien” con los regantes al tiempo que no enfada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Sobre la intención del Gobierno de Castilla-La Mancha de personarse en ese proceso para defender el decreto estatal y rechazar el recurso valenciano, Ortuño ha mostrado su respeto por las decisiones que tomen el resto de comunidades, pero ha insistido en que el Ejecutivo murciano no desistirá en su intento de mantener los caudales actuales.
El agua, ha dicho, debe ser tratada como un “asunto de Estado”, a diferencia de lo que está ocurriendo actualmente, generando enfrentamientos entre comunidades autónomas y fuera de un gran pacto político.
Ortuño ha insistido en que el decreto estatal asesta “un golpe sin precedentes” a la Región de Murcia en lo que ha calificado como “el mayor ataque sufrido” en sus 40 años de autonomía, puesto que el “hachazo” al trasvase es “una bomba” que afecta a todos los sectores productivos de la comunidad.
El recurso que se interpondrá en los últimos días, ha dicho, está siendo trabajado junto con técnicos de la Diputación de Alicante y de la Junta de Andalucía, territorios afectados también por el recorte, por lo que contará con todos los argumentos para prosperar.
Por ello, no ha querido aventurarse a opinar sobre qué ocurrirá si el recurso es rechazado por el alto tribunal, como ha ocurrido con anteriores medidas judiciales por recortes en los envíos: “No voy a hacer de futurólogo, vamos a usar todas las herramientas a nuestro alcance para frenar el recorte”, ha resumido.
