Toledo, 3 abr (EFE).- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido que se haga efectiva la capacidad de producción de agua desalada para satisfacer las demandas hídricas de las zonas costeras del Levante y, al tiempo, posibilitar que se relaje el estrés hídrico de las zonas de interior que no tienen fuentes alternativas de abastecimiento.
Esta es la principal propuesta que ha formulado el Ejecutivo castellanomanchego en el documento técnico que ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica solicitado por este departamento para las modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y al que ha tenido acceso EFE.
Tal y como considera el Gobierno castellanomanchego, el objetivo de las reglas de explotación “siempre ha sido mantener los embalses de cabecera” del Tajo, Entrepeñas y Buendía, en niveles “muy bajos, a fin de reducir la evaporación y maximizar los envíos de agua”.
Asimismo, ha señalado que “otro objetivo que se ha utilizado como excusa” ha sido atender los abastecimientos de la cuenca del Segura, a pesar de que ha sostenido que “es un hecho que los abastecimientos que reciben el agua trasvasada pueden funcionar” con 112 hectómetros cúbicos al año de agua desalada y 30 hm3 /año del trasvase Tajo-Segura.
Sin embargo, el documento ha lamentado que “nunca se ha utilizado la máxima capacidad de producción de agua desalada”, salvo en el año hidrológico 2016-2017, un año “de gran sequía”.
El documento técnico elaborado por el Gobierno de Castilla-La Mancha sostiene que desde el año 2003 en que se ponen en funcionamiento las primeras infraestructuras de desalinización hasta la actualidad, se ha producido agua suficiente como para compensar los déficits de aportaciones del trasvase.
Por lo tanto, ha defendido que si existe la capacidad de producción, es lícito plantear que el agua desalinizada sea una fuente primaria de abastecimiento y “no un mero salvavidas”, lo que permitiría suavizar los trasvases y aumentar el nivel de garantía en la cuenca cedente, puesto que ha sostenido que “la cuenca receptora ya lo ha conseguido”.
Además, el documento técnico ha considerado que las inversiones recientes y futuras en la ampliación de plantas desalinizadoras, en las redes de distribución y en infraestructuras de producción de energías renovables permiten que las comunidades de regantes puedan continuar recibiendo agua desalada “a un precio asequible”.
Por lo tanto, ha indicado que es el momento de hacer efectiva la capacidad de producción de agua desalada, un recurso que a juicio del Gobierno de Castilla-La Mancha es la única solución para satisfacer las demandas hídricas en zonas costeras, a la vez que permite relajar el estrés hídrico en aquellas zonas de interior que no tengan fuentes alternativas.
Límite estricto a los desembalses para satisfacer las necesidades de la cuenca cedente
Por otro lado, el Gobierno castellanomanchego ha lamentado que se ha establecido “un límite estricto a los desembalses” para satisfacer las necesidades de la cuenca cedente, lo que “obviamente significa que el resto de las disponibilidades son para el trasvase”.
En este punto, el Ejecutivo regional ha denunciado que a pesar de que hace casi medio siglo que comenzó a enviarse agua desde el Tajo al Levante, todavía no se han definido los excedentes de la cuenca del Tajo, ya que tampoco el vigente plan hidrológico de cuenca, aprobado en 2023, los ha definido.
Por todo ello, el documento técnico elaborado por Castilla-La Mancha ha opinado que se deben determinar los excedentes reales de la cuenca del Tajo, para garantizar, sin restricciones, los requerimientos ambientales y los usos y consumos demandados.
Y es que además, tal y como ha indicado, la incorporación en la Planificación del Tajo de los caudales ecológicos supone una restricción previa al resto de usos, por lo que ha pedido que “se tiene que aumentar significativamente el desembalse de referencia”.
En el documento, Castilla-La Mancha ha considerado que las variables climáticas, el crecimiento demográfico, el progreso económico y el avance tecnológico, entre otros factores, han invertido el desequilibrio que justificó la creación del Trasvase Tajo-Segura, por lo que ahora “es Castilla-La Mancha la región que enfrenta una situación de mayor vulnerabilidad en comparación con las receptoras del trasvase”.
A su juicio, esa vulnerabilidad viene dada, en primer lugar, porque las normas del trasvase se diseñaron para una previsión de aportaciones que, no solo no se corresponden con la realidad desde hace más de 40 años, sino que “empeora de manera inexorable a medida que pasan los años”.
En segundo lugar, por la imposibilidad de la cuenca cedente para acceder a fuentes alternativas de agua, una imposibilidad que también afecta a la cuenca alta del Guadiana, que tiene asignados 50 hm3 anuales del trasvase, para 300.000 personas, pero que no afecta a la cuenca del Segura, que dispone ya de una capacidad de desalación superior al promedio anual trasvasado.
Y por último, por la “transgresión sistemática del ordenamiento jurídico español” en cuanto a la prioridad de la cuenca cedente y al resto de normas que regulan el trasvase.
