Murcia (EFE).- La familia de Sara Gómez, la mujer que falleció en Cartagena en enero de 2022 tras someterse a una operación de cirugía estética en una clínica privada, ha denunciado este martes al consejero de Salud de Murcia, Antonio Pedreño, y a otros altos cargos de su departamento por delitos contra la salud pública y prevaricación, al mantener abierta la clínica pese a carecer de las licencias pertinentes para este tipo de intervenciones estéticas.
En concreto, los familiares de la víctima consideran que el consejero pudo cometer prevaricación por omisión, por la “inacción continua e intencionada al no haber procedido a ordenar inspecciones, suspender la actividad del centro o sancionar”, pese a tener conocimiento de que el hospital donde fue intervenida Sara Gómez, el Virgen de la Caridad de Cartagena, del Grupo Ribera, no tenía la licencia sanitaria “U-47”, que es obligatoria para poder llevar a cabo operaciones de cirugía estética.
La Consejería de Salud concedió esta licencia al hospital privado el pasado 25 de agosto, casi cuatro años después de la operación de Gómez, de la que hoy se cumplen cuatro años.
Hasta ese momento, la clínica solo contaba con la licencia sanitaria “U-46”, que permite la realización de cirugía plástica y reparadora, pero no estética, según ahonda el texto de la denuncia, a la que ha tenido acceso EFE.
El hermano de la fallecida, Rubén Gómez, que ha atendido a los medios de comunicación acompañado por sus padres, Felisa y Damián, y su hermana Nora, además del responsable de Comunicación de Podemos, Víctor Egio, que les ha apoyado en el proceso, ha insistido en que el consejero Pedreño era conocedor de esa ausencia de licencia, pese a lo cual, no tomó ninguna medida de inspección o de sanción a la clínica y, de hecho, la ha “premiado” al otorgarle ese permiso este verano.
Denuncia previa en junio
La familia de Gómez ya denunció el pasado mes de junio al consejero ante la Fiscalía, una causa que fue archivada a pesar de que el Ministerio Público reconocía en su auto que el hospital había estado operando sin la licencia pertinente y que esos hechos están debidamente probados.
Ante este archivo, la familia ha decidido recurrir ahora a la vía penal con la denuncia presentada hoy, que acusa también al consejero de un posible delito de omisión del deber de perseguir delitos y otro de encubrimiento por no haber denunciado o sancionado a la clínica pese a las irregularidades en su funcionamiento.
Le considera, asimismo, responsable de un delito contra la salud pública al haber permitido que la clínica siga operando poniendo en riesgo la salud de otras pacientes (hay varias denuncias activas derivadas de otras operaciones estéticas llevadas a cabo en el mismo centro).
Por último, pide que se le investigue como cooperador necesario por omisión en la causa abierta por homicidio relacionado con la muerte de Sara Gómez, que se instruye en Cartagena y para la que el juez ha pedido ya la apertura de juicio oral.
La familia pide también que se investigue penalmente al secretario general de la Consejería de Salud, Andrés Torres, por los delitos de prevaricación administrativa por omisión, omisión del deber de perseguir delitos y contra la salud pública, así como al director general de Inspección Sanitaria, Jesús María Cañavate, por prevaricación administrativa por omisión, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento.
La denuncia carga también contra los cuatro inspectores de la Consejería de Salud que llevaron a cabo la inspección de la clínica tras la operación, a los que acusa de prevaricación administrativa por omisión, omisión de perseguir delitos y contra la salud pública.
