Murcia (EFE).- El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado este jueves el Anteproyecto de Ley de Ciencia en sustitución de la ley 8/2007, buscando así fortalecer el sistema de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i).
Además se pretende fomentar la denominada «ciencia abierta», es decir, que los datos de las investigaciones se hagan públicos, y la inteligencia artificial confiable, así como consolidar la colaboración público-privada, según ha destacado en rueda de prensa el consejero Juan María Vázquez Rojas.
El Anteproyecto busca adaptarse a los cambios experimentados en casi dos décadas y al nuevo marco normativo estatal y europeo, y consta de 58 artículos distribuidos en ocho títulos, junto a dos disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y dos finales.
Entre sus principales objetivos está fortalecer la carrera investigadora, atraer talento, impulsar la innovación tecnológica y reforzar la transferencia de conocimiento desde los centros de investigación hacia el tejido productivo regional.
Según ha explicado el consejero, irpora aspectos que no estaban contemplados en la normativa anterior, como la ‘cencia abierta’y la ‘ciencia ciudadana’ con el fin de favorecer el acceso público al conocimiento generado con fondos públicos, garantizar la interoperabilidad de los datos y fomentar la participación social en la investigación científica.
“Queremos que los resultados de las investigaciones sean accesibles, reutilizables y se integren en proyectos educativos y programas de ciencia ciudadana”, señaló el consejero, destacando la importancia de despertar vocaciones científicas y consolidar un ecosistema regional de conocimiento competitivo.
Comité de ética de la investigación
Otro de los elementos novedosos de la norma es la creación de órganos especializados de coordinación, asesoramiento y ética científica, incluyendo un comité de ética de la investigación, enfocado en garantizar los principios de responsabilidad, transparencia y equidad en los proyectos de investigación.
Además, la ley introduce herramientas como la compra pública innovadora, que permite a la administración regional adquirir soluciones tecnológicas avanzadas para impulsar la innovación con impacto social y económico. La normativa también contempla la inclusión de las tecnologías duales y la inteligencia artificial segura como áreas estratégicas para la Región de Murcia, respaldadas por programas como Caetra y otros centros de desarrollo tecnológico.
En el ámbito de simplificación administrativa, el texto propone medidas como la declaración responsable para investigadores, la cuenta justificativa simplificada y la regulación del personal tecnólogo dentro del sistema de ciencia regional.
Asimismo, reconoce un mínimo del 40% de derechos de explotación de patentes a los investigadores, incentivando la protección y comercialización de los resultados científicos.
También amplía la definición de agentes del sistema de ciencia a archivos, museos, bibliotecas y academias científicas, que podrán registrarse en un sistema público interoperable gestionado por la Fundación Séneca, organismo clave en la gestión de programas de I+D+i en la región.
Vázquez ha destacado que la inversión en ciencia en la Región de Murcia ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. El último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística cifra la inversión regional en 470 millones de euros, un 10% más que el año anterior, muy por encima de la media nacional del 7%.
Además, más del 50% del gasto total de I+D+i proviene de empresas, lo que refleja la consolidación de la colaboración público-privada y el desarrollo de un sector empresarial maduro en investigación.
La tramitación de la ley continuará con la consulta a las consejerías, organismos y entidades del sector público autonómico, así como con la audiencia a universidades, agentes sociales, económicos y científicos vinculados al sistema regional de ciencia.
También se recabarán informes preceptivos del Consejo Interuniversitario, el Consejo de Academias, el Consejo Económico y Social y el Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
La fase de consulta pública comenzará el próximo lunes y se extenderá durante 20 días hábiles para la recepción de observaciones, enmiendas y alegaciones.
