Murcia (EFE).- El Gobierno de la Región de Murcia ha valorado la decisión del Tribunal Supremo de estimar el recurso contencioso-administrativo que interpuso contra el Real Decreto de 23 de diciembre de 2024, mediante el que el Ejecutivo central creó un registro estatal obligatorio para los alquileres de corta duración y las viviendas de uso turístico.
Tras conocerse el fallo, emitido a comienzos de junio, la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, ha pedido por escrito al ministro Jordi Hereu la convocatoria de una Conferencia Sectorial para analizar la nueva situación, sin que hasta el momento haya obtenido respuesta.
La sentencia declara la nulidad de los apartados referidos al procedimiento de registro único de estos alojamientos al concluir que el Estado carecía de competencias suficientes para implantar un sistema que se superponía a los registros autonómicos ya existentes.
El alto tribunal distingue entre las obligaciones de coordinación e intercambio de información derivadas de la normativa europea y la creación de un registro administrativo estatal único, que considera contrario al reparto competencial previsto en la Constitución.
El Ejecutivo murciano sostiene que el registro estatal generaba duplicidades administrativas y una carga burocrática innecesaria, al tiempo que defiende que la comunidad dispone de mecanismos propios de inspección y control de las viviendas de uso turístico.
