Pamplona (EFE).- Un proyecto piloto de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo ha logrado que cuatro de cada diez personas de renta garantizada consigan un empleo.
El proyecto se ha desarrollado con 500 personas perceptoras de esta renta y ha permitido que 191 de ellas logren empleo.
Esta iniciativa se ha enmarcado en el proyecto de Itinerarios Integrados de Inclusión – AUNA. Se trata de un proyecto innovador, con el que en el último año se ha atendido a unas 10.000 personas en riesgo de exclusión social.
Dentro de él se han diferenciado varias líneas de trabajo. Una de ellas está relacionada con la tramitación de prestaciones como la renta garantizada y el ingreso mínimo vital. Para ello se han creado unidades específicas de tramitación. El objetivo ha sido liberar de carga administrativa y potenciar el tiempo para el trabajo de intervención social de las profesionales de los servicios sociales de base.
Por otro lado, se ha testado la metodología de intervención basada en la gestión integrada de los servicios de empleo, (orientadores de empleo) y de servicios sociales (profesionales de trabajo social).
Un presupuesto de 5,8 millones de euros
El proyecto ha contado con un presupuesto de 5,8 millones financiados con cargo a los fondos Next Generation de la Unión Europea. Se ha llevado a cabo con la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. En concreto, se ha hecho a través de un convenio firmado con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Las acciones se han desarrollado en las áreas de servicios sociales de Estella-Lizarra, Tafalla y Tudela, y en las zonas básicas de Alsasua, Burlada, Huarte, Pamplona (Rochapea) y Villava.
Contratados 58 profesionales para llevar a cabo el proyecto
Según informa el Gobierno Foral, para llevar a cabo el proyecto, que dados sus buenos resultados se ha prorrogado lo máximo posible, se ha contratado a 58 profesionales.
Ahora se evalúa su impacto y los aprendizajes obtenidos con esta experiencia piloto para su aplicación en el conjunto de servicios sociales. Al mismo tiempo se ha decidido ya la continuidad de 25 profesionales de las unidades administrativas de tramitación para garantizar la atención de la ciudadanía en el trámite del ingreso mínimo vital. Con ello persigue facilitar mayor espacio para la intervención social en los servicios sociales de base.
La jornada de cierre del proyecto ha sido presidida por la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu. EFE
