Pamplona (EFE).- La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona ha decretado el fin de la investigación del denominado ‘caso Davalor’ y, por lo tanto, va a archivar la causa.
En la resolución, que puede ser recurrida, la magistrada considera que transcurrió el plazo de 12 meses previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para solicitar la prórroga de la investigación judicial.
El caso en motivó la dimisión en enero de 2021 del consejero consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, por la causa penal abierta por el Tribunal Supremo por presunta prevaricación y malversación en relación con las ayudas públicas concedidas a la empresa Davalor.
Según recuerda la juez en su auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), el Tribunal Supremo acordó la incoación de las diligencias el 21 de enero de 2021 y el Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona, que recibió la causa el 9 de marzo de ese año, dictó la prórroga de la investigación el 18 de febrero de 2022.
Estimado el recurso de los afectados
La magistrada, que estima el recurso interpuesto por los investigados, considera que el día en que comenzó a correr el plazo de los 12 meses previstos en la ley fue el 21 de enero, puesto que el procedimiento abierto por el Tribunal Supremo es el mismo que el que luego se siguió en Pamplona.
“No se trata por tanto de un procedimiento distinto, acumulado al anterior, ni de una pieza separada, sino de la sucesión de aquél, lo que, como se ha indicado, es esencial para determinar el día en que se inicia la investigación judicial, el día en que comienza a correr el plazo de los 12 meses”, dice.
La magistrada señala que no fue hasta el 9 de febrero de 2022 cuando, de oficio, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona dio traslado a las partes para que informasen sobre la prórroga de la causa, que se acordó mediante auto dictado el 18 de febrero. Por tanto, según reitera, se había “excedido el plazo” exigido por la ley.
Por este motivo, la magistrada constata la falta de validez de las diligencias que se hayan acordado en las resoluciones posteriores a tal fecha, no así de las diligencias que, acordadas con anterioridad al mismo se hayan recibido o practicado posteriormente.
Respecto a las declaraciones de los investigados, que se iban a llevar a cabo la próxima semana, concluye que, “efectivamente, no habiéndose acordado antes del 21 de enero de 2022 tomar declaración a persona alguna en calidad de investigado no se puede, transcurrida dicha fecha, acordar la misma, pues, como se ha dicho, tal límite es infranqueable, careciendo de validez las acordadas posteriormente, por lo que procede dejar sin efecto las citaciones realizadas a tal fin”.
“Tras lo razonado en este Auto, por tanto, procedería examinar el resultado las diligencias acordadas antes del 21 de enero de 2021, y que se hayan practicado y dictar la resolución que conforme al precepto señalado correspondiera; no obstante, no habiéndose acordado tomar declaración como investigado a persona alguna, como acabo de señalar, no es posible dirigir el procedimiento contra persona alguna, por lo que, la única resolución posible es concluir el sumario sin procesamiento”, sostiene la juez.
UPN estudia recurrir el archivo
Conocida la decisión de la juez, UPN ha asegurado que estudia recurrir el archivo provisional del denominado ‘caso Davalor’ ya que, a su entender, es “inadmisible” que pueda quedar impune “un grave caso de corrupción por un error judicial que, además no lo ha sido, según como se apoye el cómputo de plazos”.
De esta forma se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación el parlamentario regionalista Juan Luis Sánchez de Muniáin, quien ha recordado que el caso se abrió a raiz de una querella que interpuso UPN y ante la que “el Tribunal Supremo determinó que había indicios de delito que fueron apoyados por la Fiscalía y después confirmados en los juzgados de Pamplona”. Se trataba de supuestos delitos de malversación y prevaricación.
Además, ha continuado, la jueza “amplió la investigación a otros ex altos cargos del Gobierno de Chivite” y encargó una investigación a la policía judicial, cuyo informe, ha remarcado, “confirma punto por punto todo lo denunciado por UPN”.
Por todo ello ha considerado “inadmisible” que “ahora ante un posible error judicial en el cómputo de plazos” pueda quedar impune lo que “puede ser un grave caso de corrupción”.
Geroa Bai celebra que “se ponga fin a un caso basado en acusaciones infundadas”
Por su parte, Geroa Bai, la formación del dimitido Manu Ayerdi, ha celebrado que “se ponga fin a un caso basado en acusaciones infundadas”.
En un comunicado en el que muestra su satisfacción, la coalición reitera que “nunca ha existido causa, tal y como la Cámara de Comptos concluyó en su informe en el que avalaba la legalidad de la operación, así como la honradez de Manu Ayerdi”.
Además, denuncia “la utilización torticera de la justicia en general y de este caso en particular por parte de la derecha por un mero interés político y partidario”.
Al respecto sostiene que “este caso que se ha alargado casi 3 años responde a una campaña de acoso por parte de UPN, a la que posteriormente se ha sumado el PP”.
Por todo ello, Geroa Bai exige a “la derecha navarra que abandone este tipo de prácticas, utilice las herramientas políticas y se centre en el interés general de la ciudadanía navarra”.
Por último, traslada “su apoyo y solidaridad con Manu Ayerdi y su equipo, quienes han sufrido las peores consecuencias de este caso”, al tiempo que pone en valor “el gran trabajo de Ayerdi que tras más de 5 años al frente del departamento de Desarrollo Económico del Gobierno navarro lideró mejoras clave para Navarra”.
El PP recurrirá el archivo
También el PP ha recurrirá el archivo del denominado ‘caso Davalor’ al considerar que “la gravedad del caso, en el que se estudia la malversación y prevaricación por parte de miembros del Gobierno de Navarra, no puede quedar impune”.
Asegura en un comunicado que siguiendo las consideraciones del Ministerio Fiscal, que ya “se opuso de manera sólida y contundente a las peticiones de las defensas para archivar la causa”.
“Después de estudiar la situación con nuestro gabinete jurídico, consideramos que un error judicial no debe servir para que delitos tan graves puedan quedar impunes sin ni siquiera ser juzgados”, sostiene el PP que por ello presentará el recurso “a la mayor brevedad posible”.
Desde el partido recuerdan que se personaron como acusación particular, así como que tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía “observaron indicios de delito, de delitos graves de corrupción que no pueden quedar sin esclarecer ni política ni judicialmente”.
Desde el PPN inciden en “la corresponsabilidad del gobierno de María Chivite ya que las personas que están siendo investigadas formaron también parte de su gobierno”.
“Y sin embargo -continúan- desde el Gobierno de Navarra no se ha hecho ningún esfuerzo por esclarecer los hechos ni por conocer el destino del dinero, que es dinero público, dinero de todos los navarros”.
Los populares aseguran que siguen “esperando las explicaciones oportunas por parte del Gobierno”, del que entienden que en “un ejercicio de responsabilidad debiera haber investigado el caso y haber sido el principal impulsor de la causa con diligencia y transparencia en contra de cualquier indicio de corrupción política”.
