Pamplona (EFE).- Las acusaciones personadas en el proceso recurrirán en el Tribunal Constitucional el archivo de la querella presentada por los sucesos de los Sanfermines de 1978, en los que el joven Germán Rodríguez murió por un disparo de la policía.
La abogada Lourdes Echeverría ha señalado en conferencia de prensa que, además, volverán a presentar la querella, en la que figuran la Asociación Sanfermines 1978 gogoan y la Federación de Peñas de Pamplona como acusación popular. También seis particulares, uno de ellos Fermín Rodríguez, hermano de Germán Rodríguez.
El resto son Jaime Zelaia, que sufrió graves lesiones que le han provocado una minusvalía permanente, y otras cuatro personas que también recibieron disparos de la policía: María Teresa Azcona, Fermín Ilundain, José Marón Vélez de Mendizábal y Mikel Legorburu.
En la querella estiman que en este caso se ha dado un delito de lesa humanidad y cinco de lesiones.
Se vulnera el derecho de las víctimas
Echeverría, quien ha considerado que el archivo de la causa “no se ajusta a derecho”, ha destacado que, desde que la Audiencia Provincial de Navarra ordenó reabrir el caso al entender que los hechos nunca fueron juzgados, “han estado decidiendo cuál era el juzgado competente”, sin iniciar ningún tipo de investigación. Y ahora decretan el archivo de la causa al haberse superado el plazo de instrucción.
En ese sentido, ha declarado que desde los tribunales vulneran “el derecho fundamental de las víctimas y de sus familiares a un proceso judicial”, ya que argumentan que se ha agotado un plazo de instrucción que “ni siquiera empezó”.
Los tribunales, ha afirmado, han tratado de “buscar siempre una salida, porque parece que no interesa o no gusta investigar los hechos” ocurridos en Pamplona en 1978.
Pasividad y desidia
Mikel Legorburu, uno de los heridos en aquellos sucesos, y Rakel Arjol, presidenta de la Federación de Peñas de Pamplona, han leído un manifiesto, en euskera y castellano, en el que denuncian “la pasividad y desidia con la que la querella ha sido tratada en estas instancias judiciales”.
El archivo, ha asegurado, es “una muestra más de la colaboración de la Justicia con la política de impunidad con la que el Estado y sus instituciones han tratado este crimen”.
La Justicia, subraya el manifiesto, “utiliza razones torticeras para no entrar a valorar aquellos hechos y salirse por la tangente”. Sin embargo, “seguiremos impulsando iniciativas judiciales, institucionales y sociales hasta conseguir que la verdad, la justicia y la reparación sean logradas para los sucesos de Sanfermines de 1978 y sus víctimas”.
