Pamplona (EFE).- La Cámara de Comptos de Navarra recomienda «un control riguroso del dinero público» destinado a la Renta Garantizada y el Ingreso Mínimo Vital, garantizando que las personas beneficiarias de estas prestaciones cumplen los requisitos exigidos por la normativa.
El presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza, a petición del PP, ha comparecido este miércoles en la Comisión de Derechos Sociales para exponer el informe sobre la gestión de la Renta Garantizada y su incidencia en el empleo, que en 2023 supuso un gasto de 103,05 millones de euros.
De los ocho requisitos establecidos en la ley, se indica en el informe, se observan incumplimientos en cinco obligaciones de las unidades familiares perceptoras, sin que Comptos haya podido verificar el cumplimiento de las tres restantes.
Un 26% obtuvo un trabajo
En 2023, el 56 % de las personas perceptoras, sobre todo menores de 18 años, no estaban disponibles para el empleo (su gasto supone el 53 % de los 103,05 millones) y, de las que sí lo estaban, solo obtuvo un trabajo el 26 %.
Por otro lado, en el periodo analizado, hasta el 1 de enero de 2024, el 13 % del total de personas beneficiarias dejó de percibirla por haber accedido a un trabajo.
Cabeza ha afirmado que éste es «un asunto delicado, sensible y complejo desde el punto de vista de la gestión, entre otras razones, por la existencia de dos prestaciones diferentes que muchas veces se solapan y que presentan cambios normativos constantes».
En su opinión, la mejor defensa de estas políticas sociales es un «control riguroso» del dinero público destinado a las mismas. Por ello, además de apelar a la responsabilidad del beneficiario, la Administración Foral «tiene que dotar a las unidades administrativas gestoras de los recursos humanos y materiales pertinentes para mejorar el seguimiento y control de estas ayudas».
Valoraciones de los grupos
La parlamentaria del PP Maribel García Malo, tras aludir a un aumento de la pobreza en Navarra un 18,6% en el último año, ha comentado que la ley sobre renta garantizada «tiene carencias desde su aprobación», por lo que necesita «una reforma en profundidad».
Ha considerado que el «informe rotundo» de Comptos «debe llevarnos a una reflexión profunda sobre esta materia».
Por UPN, Raquel Garbayo ha afirmado que «este modelo de renta garantizada no funciona, es un modelo que tiene más sombras que luces» y ha apuntado que «la gestión por parte del Departamento está siendo cuando menos deficiente».
La renta garantizada, ha dicho, «se ha convertido más que nada en un subsidio económico sin contraprestaciones y sin control».
Acompañamiento más que control
La socialista Olga Chueca ha puesto de relieve que lo importante es «ayudar a esas personas de la mejor manera posible» y ha declarado que prefiere «hablar más de acompañamiento que de control».
Ha aportado por armonizar los criterios de la renta garantizada y el IMV para que no se solapen.
Javier Arza, de EH Bildu, quien ha resaltado que 14.000 de los perceptores son niños, niñas y adolescentes, ha asegurado que ésta es «una política sobre la que siempre se han lanzado sospechas», lo que revela la existencia de «racismo y aporafobia».
Arza ha instado a evitar caer en la «hiperfiscalización» en las políticas de rentas públicas y ha rechazado discursos «apocalípticos» en esta materia.
Defensa del modelo actual
La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu ha hecho una «lectura diferente» a las de UPN y PP, ya que a su juicio el informe concluye que «hay que hacer más en todos los aspectos» pero «no que hay que hacer otras cosas».
En este sentido, ha aseverado que «el modelo es adecuado».
Por su parte, el portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha afirmado que no comparten «el prisma por el que se ha elaborado» el informe, ya que se vincula renta garantizada y empleo y «siempre hemos defendido que el éxito o el fracaso» de la renta garantizada «no debe evaluarse en base a hipotéticos impactos positivos o negativos en el empleo».
Maite Nosti, de Vox, ha declarado que este modelo de renta garantizada «ha demostrado tener unos efectos tremendamente negativos sobre el empleo» y ha señalado que «una política diseñada para aliviar la precariedad ha terminado por desincentivar la inserción laboral».
