Pamplona (EFE).- La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado en comisión parlamentaria que la Administración foral «en ningún caso» podía conocer el supuesto acuerdo privado de Santos Cerdán sobre el reparto societario de la empresa Servinabar que la UCO «señala haber encontrado en un registro».
Chivite, acompañada por el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha comparecido en la comisión a solicitud de UPN para exponer el proceso de adjudicación de las obras de los túneles de Belate, tras el registro realizado por la UCO a la empresa Servinabar.
En su comparecencia, Chivite ha resaltado que ni la presidenta del Gobierno de Navarra ni los consejeros de Cohesión Territorial adjudican obras: «No formamos parte ni de órganos ni de mesas de contratación, tal y como viene contemplado en la propia Ley de Contratos».
Ha puesto de relieve que la de Belate «es la adjudicación más transparente de cuantas se han llevado a cabo en este Gobierno. Y probablemente la más transparente que se haya hecho en la Administración Foral de Navarra».
Discrepancias sobre la solvencia de la UTE
La presidenta ha expuesto el proceso seguido para la adjudicación de las obras de Belate, en el que la licitadora con mayor puntuación fue la UTE compuesta por Acciona Construcción, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar 2000.
Los técnicos consideraron que esta licitadora tenía la solvencia necesaria para acometer el desdoblamiento de Belate teniendo en cuenta un túnel de la A23 en Aragón que tiene características similares y que fue ejecutado asimismo por esta UTE.
Tres vocales, ha apuntado, emitieron sendos votos particulares alegando que la obra del túnel de Aragón, excluyendo accesos y otras vías, queda por debajo de los 65 millones que se marca como criterio de solvencia, por lo que advirtieron de esta circunstancia.
Como los vocales técnicos sí creían que la solvencia había sido debidamente acreditada y eran mayoría en la mesa, el procedimiento de adjudicación continuó adelante y se elevó una propuesta de adjudicación a la UTE por más de 62 millones.
Reparo no suspensivo de la Intervención Delegada
El director general de Obras Públicas e Infraestructuras recibió esa propuesta junto con un informe de fiscalización elaborado por el interventor delegado, que era a su vez miembro de la mesa de contratación y uno de los autores de los votos particulares.
Esta Intervención Delegada fiscalizó positivamente el expediente pero, habida cuenta de la existencia de votos particulares, formuló un reparo no suspensivo.
Al objeto de clarificar la propuesta se solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible un certificado que refleje cuál es la valoración económica del túnel de la A23, y comunicó que su presupuesto es de 118,8 millones de euros.
Ese certificado, ha dicho la presidenta, «avala el criterio de los ingenieros de la mesa de Belate y, por tanto, la suficiente solvencia técnica de la adjudicataria». El director general firmó la resolución de adjudicación para Acciona Construcción SA, Excavaciones Fermín Osés SL y Servinabar 2000 SL.
Chivite opta por no contestar al PP
La presidenta también ha comparecido a petición del PP para exponer las «relaciones y contactos entre el Gobierno de Navarra y las empresas que aparecen en el recientemente publicado informe de la UCO».
Chivite ha manifestado al respecto que el informe de la UCO no es público y ha resaltado que la fase de instrucción tiene carácter reservado, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que «obviar ese carácter de reserva, dice el juez, podría tener incluso carácter delictivo».
En ese sentido, la presidenta ha comentado que ha solicitado a la Cámara que le dé criterio jurídico sobre las implicaciones que puede tener hablar explícitamente del informe, y la propia letrada considera que está en su derecho de no contestar.
«Creo, como reflexión, que no deberíamos dar carta de normalidad a las filtraciones. No veo de qué manera ayudan al buen fin de la instrucción judicial. Suponen, como mínimo, una anomalía democrática», ha sostenido Chivite, quien ha aseverado que, por ello, no iba a contestar a la solicitud de comparecencia.
Entre otras razones, ha explicado, porque «no quiero ser cómplice de este sistema de filtraciones interesadas que, en mi opinión, torpedean el buen hacer de la Justicia».
UPN, PP y Vox piden la dimisión de la presidenta
El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que esta sesión se celebra el día de la declaración ante el juez de «su amigo, su jefe y su mentor, Santos Cerdán» por una supuesta trama «que según parece nace en esta tierra, en el seno del socialismo navarro».
Esparza, quien ha preguntado a la presidenta si «le compensa seguir pese a este bochorno», ha opinado que Chivite «no es víctima, es la primera responsable en la pérdida de confianza de este Gobierno», entre otros motivos porque «ha dejado a Santos Cerdán campar a sus anchas por la Administración».
Por el PP, Javier García ha considerado que «la gravedad de lo conocido en el informe de la UCO exige una respuesta institucional» y ha solicitado la dimisión de la presidenta de Navarra porque su entorno «está totalmente tocado y hundido».
García ha indicado que el informe de la UCO no es público pero Chivite le dio ese carácter «haciendo una valoración del mismo en sede de Gobierno».
Por el Grupo Mixto, Emilio Jiménez ha enfatizado sobre Belate que «esta obra, cuya sombra se va alargando cada vez más, cada vez más negra y maloliente, podría ser para algunos el tránsito para la cárcel».
Los socios de gobierno piden la máxima transparencia
La parlamentaria socialista Ainhoa Unzu ha asegurado que al parecer la comisión de investigación sobre adjudicaciones de obras públicas ya ha empezado, «pero al revés, condenando antes de investigar». Se ha preguntado «para qué una comisión de investigación si ya están repartiendo las condenas» y ha declarado que en la oposición, «más que la verdad, lo que buscan es el linchamiento político».
Laura Aznal, de EH Bildu, tras pedir «firmeza, claridad y honestidad» para recuperar la confianza de la ciudadanía, ha exigido una investigación de lo sucedido «con todas las garantías y consecuencias jurídicas».
Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha comentado que el informe de la UCO apunta a una posible trama de corrupción pero «no señala ninguna ilegalidad en las adjudicaciones del Gobierno de Navarra». No obstante, ha dicho que su grupo apoya la creación de la comisión de investigación «para avanzar en la confianza de la ciudadanía en las instituciones».
El parlamentario de Contigo-Zurekin Carlos Guzmán, quien ha destacado que en la «filtración» del informe de la UCO «no se señala directamente» a la adjudicación de las obras de Belate, ha pedido la «máxima transparencia, máxima contundencia y depuración de hasta las últimas responsabilidades» ante la corrupción.
Chivite afirma que nunca habló con Cerdán sobre adjudicaciones de obras
En su turno de réplica, Chivite ha afirmado que nunca habló con Santos Cerdán sobre adjudicaciones de obras públicas y ha señalado que mantuvo varias reuniones con el propietario de Servinabar, Antxon Alonso, pero éste nunca le pidió un trato de favor.
Ha declarado que de la supuesta relación entre Cerdán y Servinabar se enteró por la documentación de la UCO. También ha expuesto que habló con Cerdán de la necesidad de obtener recursos económicos del Estado para las obras del túnel de Belate debido a su elevado importe, pero «en ningún caso» hablaron de adjudicaciones de obras.
Respecto a los contactos que ha tenido con Antxon Alonso, ha informado de que, desde febrero de 2024, que es cuando se puso en marcha la agenda pública, ha asistido a más de 170 reuniones con personas ajenas al Gobierno.
Varias peticiones de reunión del propietario de Servinabar
Las reuniones que ha tenido con Alonso son anteriores a esa fecha, ha puntualizado la presidenta, quien ha señalado que el dueño de Servinabar le pidió un encuentro el 24 de julio de 2020 en el que le expuso cómo había sido la obra de rehabilitación del Archivo General de Navarra.
Además, Alonso solicitó reuniones el 20 de octubre de 2020 para presentar el proyecto ‘Ciudad circular’ y el 21 de abril y 17 de septiembre de 2021 para tratar el proyecto Mina Muga.
«Después no he vuelto a verle ni hablar con él», ha afirmado Chivite, quien ha declarado que Alonso sí le envió algunos mensajes en los que comentaba cuestiones sobre su actividad política e institucional, pero «nada relacionado con la actividad empresarial».
El último mensaje de Alonso fue con motivo de su toma de posesión en agosto de 2023, ha agregado Chivite, quien ha hecho hincapié en que «jamás en ninguna de esas reuniones me pidió ningún trato de favor, cuestión que yo tampoco hubiera permitido, ni tampoco habló de ninguna de las licitaciones que estarían por llegar».
