Pamplona (EFE).- La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra ha detectado «irregularidades administrativas» en tres adjudicaciones del Gobierno foral a la UTE de Acciona Construcciones y Servinabar 2000 e incluso considera «nula de pleno derecho» la adjudicación para duplicar el túnel de Belate, mientras el Gobierno foral sigue defendiendo que no hay «ilegalidades o corrupción» ni nada «raro».
La propia presidenta de Navarra, María Chivite, anunció que pediría informes a esta oficina cuando se publicó el informe de la UCO, a raíz del caso Koldo, que mencionaba a ambas empresas.
El informe relativo al túnel, al que ha tenido acceso EFE, señala que el procedimiento vulneró las normas esenciales de funcionamiento de los órganos colegiados. Apunta que cuatro vocales entregaron sus puntuaciones al presidente de la mesa, que fijó la suya conociendo previamente las de los demás.
Además, gran parte de la valoración de las ofertas se realizó mediante intercambio de correos electrónicos, sin convocatorias formales ni reuniones válidas, lo que fue objeto de votos particulares de varios vocales que denunciaron la falta de motivación de las puntuaciones y la existencia de vicios en el procedimiento.
La licitación, con un presupuesto de salida de 78,6 millones de euros, fue finalmente adjudicada por 62,88 millones, con una baja del 20 %, aunque el proceso superó en 80 días el plazo máximo legal.
Este órgano no ha podido determinar si existió un conflicto de interés en la actuación del presidente de la mesa, una cuestión que deberá dilucidar la comisión parlamentaria. En cualquier caso, considera necesaria una reforma de la Ley Foral de Contratos Públicos para reforzar la transparencia y garantizar el correcto funcionamiento de las mesas de contratación.
Irregularidades graves en contratos de VPO
La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción ha concluido también que el contrato para la construcción de 62 viviendas de protección oficial (VPO) en Ripagaina (Pamplona), promovido por Nasuvinsa y adjudicada a Acciona y Servinabar, incurrió en «irregularidades graves» que lo hacen nulo de pleno derecho.
Así señala que Nasuvinsa incumplió, en una adjudicación de 2018, de manera “sistemática y continua” la Ley Foral de Contratos Públicos, ignorando principios básicos de transparencia y legalidad.
Entre las deficiencias detectadas figuran la ausencia de documentación esencial de varias licitadoras, la falta de actas de la Mesa de Contratación, la adjudicación a una UTE (formada por Acciona y Servinabar) que no estaba formalmente constituida y el uso indebido de criterios de adjudicación.
Considera que la acumulación de incumplimientos “flagrantes y palmarios” excede de meras irregularidades administrativas y concluye que la adjudicación vulneró las reglas esenciales del procedimiento, por lo que carece de validez jurídica.
Además, ha detectado irregularidades en el contrato de construcción de 46 VPO en Ripagaina en 2022, adjudicado a una UTE formada por Acciona y Servinabar, que ponen en cuestión la legalidad del procedimiento.
El informe advierte de la ausencia de documentación preparatoria esencial, como el informe de necesidad, el informe jurídico y la fiscalización de la intervención. Además, señala que no se aprobó formalmente el expediente de contratación, requisito indispensable.
El Gobierno defiende que no hay «ilegalidades»
El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha defendido, tras conocerse el informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción que considera que tenía que haberse declarado «nula de pleno derecho» la adjudicación de las obras del túnel Belate, que no hay «ilegalidades o corrupción» ni nada «raro» en el procedimiento.
El consejero Chivite ha comparecido ante los medios de comunicación para defender la labor de la Mesa de Contratación y ha asegurado que el presidente de esta tenía sus puntuaciones decididas «antes de recibir las de otros cuatro miembros» frente a lo recogido por Anticorrupción que apunta que fijó su puntuación conociendo previamente las de los demás.
Ha dejado claro que «el criterio que ha manifestado la Oficina no paraliza la ejecución de las obras» que se están llevando a cabo en Belate por la UTE formada por Acciona, Osés Construcción y Servinabar.
En los informes conocidos este lunes y remitidos a la comisión de investigación creada en el Parlamento de Navarra también se aprecian «irregularidades administrativas» en adjudicaciones de vivienda de protección oficial.
Aierdi asegura que «no hubo trato de favor»
Sobre estas últimas ha hablado el actual consejero Desarrollo Rural y Medio Ambiente y director gerente de Nasuvinsa entre 2015 y 2019, José María Aierdi, quien ha señalado que en el proceso de adjudicación de la construcción de 62 VPO a la UTE de Acciona y Servinabar «no hubo trato de favor a ninguna empresa». En su opinión, «el informe hace una interpretación parcial y personal de las actuaciones».
Aierdi ha sostenido que «no se incumplió de ninguna manera la Ley foral de Contratos» porque la ley no había entrado en vigor y era «imposible» que se aplicara y ante las informaciones alusivas a que no se enviaron ciertas actas ha dicho que han pasado 7 años y que no puede explicar por qué la empresa pública Nasuvinsa no las ha aportado, porque «existen».
En cuanto a la ausencia de autorización y de actuaciones preparatorias para los contratos, ha explicado que «no se puede considerar de manera individual cada actuación, sino como un plan de vivienda que estaba perfectamente documentado el apoyo e intervención del Gobierno en este caso».
En su intervención ha subrayado que «la documentación disponible en las mesas de valoración dan un fiel reflejo de los procedimientos que se han seguido. No hubo trato de favor a ninguna empresa. De 30 lotes únicamente en dos resultaron adjudicatarias» la UTE entre Acciona y Servinabar, «de un total de 164 millones, supuso el 8 % del presupuesto».
