Pamplona (EFE).- El interventor general del Gobierno de Navarra, Juan José Pérez Capapay, ha negado haber recibido «presiones» o que el Ejecutivo le pidiera rebatir los informes de la Oficina de Anticorrupción sobre los túneles de Belate y otras obras adjudicadas a las uniones temporales de empresas en las que estaban Acciona y Servinabar.
Pérez Capapay ha indicado que se hicieron los informes porque «iban en contra de la Intervención». «Claro que nos hemos posicionado porque tenemos criterios que se han emitido en diferentes informes», ha dicho durante la Comisión de Investigación de obras públicas que se celebra en el Parlamento de Navarra.
Así ha respondido en el turno de intervención del portavoz de UPN, Javier Esparza, el primero en preguntar y quien ha comentado que tiene la «convicción» de que «el Gobierno le pidió que hicieran un informe de parte», añadiendo que participó en el “intento de blanqueo” del Gobierno de María Chivite.
El interventor le ha respondido que «no le conoce» y que su informe es de «alegaciones». «No puedo permitir que me llamen blanqueador del Gobierno. Vengo con voluntad de dar explicaciones, creo que merezco un respeto», se ha defendido.
Además, ha añadido que «en todo informe» que emiten, «redacte quien redacte», lo someten «a un juicio interno importante para que se eviten entrecomillados y juicios de valor».
En Belate, lo nunca visto en otras mesas de contratación
El interventor general del Gobierno de Navarra, Juan José Pérez Capapay, ha señalado que el proceder de la mesa de contratación de la duplicación de los túneles de Belate no lo ha visto «nunca» en otras mesas de adjudicación.
También ha dicho que tampoco ha visto nunca «la relación» entre los miembros de la mesa, aunque ha afirmado que no puede decir que la decisión de la mesa «no haya sido libre».
El interventor también ha reconocido que le llamó la atención que se sumaran dos técnicos más a la mesa de contratación y que a él le resultaría «muy difícil» seguir en una mesa en la que había un rumor sobre a quién se le iba a adjudicar la obra.
Sobre el primer reparo no suspensivo, ha señalado que «mancha» el procedimiento y «abre la puerta a que un tercero pueda recurrir.
Un reparo suspensivo
La Intervención General de la Comunidad Foral emitió un reparo suspensivo al modificado de las obras de duplicación de los túneles de Belate en un informe en el que considera que no está suficientemente acreditada la existencia de «circunstancias imprevisibles» y que, con las modificaciones planteadas, “podrían haberse aceptado otras ofertas” de empresas diferentes.
En este sentido, ha explicado que el interventor delegado pidió a la Intervención General asistencia al estar «superado» por el expediente pero sin «desautorizar a nadie».
Sobre el informe también ha explicado que «una vez adjudicado el contrato e iniciadas las obras, el 16 de mayo, la adjudicataria contrata a una ingeniería «para que le haga el estudio técnico y entonces modifica la propuesta inicial».
A partir de ahora, seguirán haciendo el control interno. «Se va a llevar desde el servicio general, lo componemos cuatro personas y el director general. Nosotros no somos órganos de gestión en ningún caso, intervenimos en la fase de control», ha explicado.
De cara a que se puedan pagar las modificaciones, el interventor ha explicado que se deberán justificar de otra manera ajustándose al precio que aparecía en el modificado o deberán plantearlas de nuevo, no de la misma manera.
Crítico con el pliego
Pérez Capapay ha sido crítico con el pliego de la adjudicación, sobre el que ha dicho que «echa en falta cosas» con las que le ha tocado trabajar.
«En un pliego de una obra plurianual de 77 millones, el gestor necesita herramientas que en el pliego no vienen como los anticipos a cuenta. Las empresas están acostumbradas a trabajar con eso, y aunque no esté en la norma en Navarra, se puede aplicar en los pliegos. Si ocurren cosas que suban los precios, tiene que estar los anticipos a cuenta recogidos en el pliego», ha dicho.
«En la administración hay grandes profesionales y se aprende a diario. En cada expediente te mojas. ¿Por qué has aplicado esa solvencia? ¿He preguntado cuántos túneles has hecho en Europa en los últimos cinco años? Yo he visto la parte administrativa de este pliego ha servido para hacer una rotonda o para un túnel», ha afirmado antes de señalar que él no es alguien «cómodo» para el Gobierno.
La Comisión ha durado cinco horas por la mañana y, tras la pausa para comer, se reanudará con el turno de intervención de los representantes de Contigo-Zurekin y Vox.
Con las modificaciones planteadas en Belate “podrían haberse aceptado otras ofertas”
La Intervención General de la Comunidad Foral de Navarra emitió un reparo suspensivo al modificado de las obras de duplicación de los túneles de Belate en un informe en el que considera que no está suficientemente acreditada la existencia de «circunstancias imprevisibles» y que, con las modificaciones planteadas, “podrían haberse aceptado otras ofertas” de empresas diferentes.
La Intervención General, en el informe al que ha tenido acceso EFE, no ve que se justifique lo suficiente un incremento del 11,22 % del presupuesto inicial, equivalente a 7,6 millones de euros sin IVA.
El expediente concluye que la modificación “no puede ser aceptada” al no cumplirse los requisitos de la Ley Foral de Contratos Públicos para introducir cambios en el contenido esencial del proyecto. Así se recoge en la conclusión del documento, donde Intervención afirma que “no puede estar de acuerdo”.
De hecho, este informe es por el que los socios de Gobierno solicitaron a la presidenta del Gobierno, María Chivite, que tomara medidas dentro del Ejecutivo para depurar responsabilidades políticas y la presidenta cesó al director general de Obras Públicas porque “las decisiones venían de la Dirección General”.
Modificación necesaria por el almacenamiento de explosivos
Según el informe, Obras Públicas atribuye la necesidad de modificar el contrato a circunstancias imprevistas relacionadas con el almacenamiento de explosivos en la obra (polvorín norte), el método de excavación y el sostenimiento del túnel. Sin embargo, Intervención recuerda que estas cuestiones ya estaban contempladas en el proyecto original o formaban parte de las obligaciones del contratista, lo que impide calificarlas como imprevisibles.
En relación con el sistema de almacenamiento de explosivos, el informe destaca que el pliego técnico dejaba en manos del adjudicatario la gestión y custodia, por lo que la habilitación de polvorines no puede ser considerada causa sobrevenida. “En ningún caso puede considerarse que la modificación responda a una causa imprevisible”, apunta Intervención al analizar este aspecto.
También cuestiona el cambio del método constructivo previsto para la excavación, recordando que la propia oferta del contratista contemplaba ajustes posibles en función de la geología. El texto concluye que la alteración del sistema afecta al “contenido sustancial del contrato”, lo que legalmente impediría introducir una modificación de este calado.
No es una metodología imprevista
El informe recuerda, además, que otros licitadores ya habían señalado durante el proceso de adjudicación dudas técnicas sobre la metodología de excavación, lo que refuerza —según Intervención— que no puede calificarse de imprevista.
En cuanto al sostenimiento del túnel, el modificado apunta a un cambio en las cerchas, que según la Intervención, “se puede observar que la razón del cambio viene motivado por una cuestión de conveniencia”. Por lo tanto, afirma que el abono de las cerchas del modificado “puede suponer un quebranto económico para la Hacienda navarra por ser improcedente”, lo mismo que apunta para aumentar el precio del hormigón proyectado.
Estos tres aspectos que la Intervención ha denegado su pago suponen el 69,7 % del total del modificado. De los 7,6 millones, 5,3.
En sus conclusiones finales, Intervención reitera que la modificación propuesta “altera el equilibrio económico en beneficio del contratista” y no se ajusta a los supuestos legalmente permitidos. El informe sostiene que obras similares ya estaban previstas en el proyecto inicial o en la oferta del adjudicatario, lo que impide justificar un incremento del presupuesto “por circunstancias imprevisibles”.
El informe concluye con el apunte de que “la prerrogativa unilateral de los contratos administrativos debe aplicarse en sus estrictos términos, posibilitando, por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, la adaptación del contrato a causas imprevistas o necesidades nuevas acontecidas en el devenir de su ejecución, no siendo mecanismo adecuado para alterar por razones de oportunidad o conveniencia”.
