Pamplona (EFE).- El secretario general técnico de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Eduardo Jiménez Izu, ha señalado este miércoles que el departamento está estudiando las fórmulas jurídicas para poder abonar los sobrecostes que recogía el modificado de las obras de los túneles de Belate que ha recibido el reparo suspensivo por parte de la Intervención General.
Jiménez Izu ha comparecido en la Comisión de Investigación sobre licitación de obras públicas del Parlamento de Navarra donde ha explicado que el Gobierno acatará el reparo suspensivo y cerrará el expediente del modificado que incrementaba en 8,5 millones de euros el coste de las obras que fueron adjudicadas a la UTE formada por Osés Construcción, Acciona y Servinabar, esta última ya fuera de la obra.
Trabajar en Belate «con las líneas rojas»
A partir de ahora, ha señalado que abonará las cantidades de los apartados que no figuran en el informe de Intervención y trabajará «con las líneas rojas» señaladas por el interventor.
«Ese modificado ahora va a finalizar, se iniciará un nuevo procedimiento, se pagará quitando las unidades de obra del informe. Se está trabajando para abonarlas y posibilidades jurídicas a futuro para poder abonar las unidades», ha declarado.
Jiménez ha indicado que el interventor general le pidió que realizara un informe jurídico sobre el expediente del modificado «en septiembre y por teléfono». La ley no le obliga, pero ha dicho que «es normal que el interventor lo solicite debido a la importancia y trascendencia de la obra».
Se justificaba la imprevisibilidad
Preguntado por el portavoz de UPN, Pedro González, sobre por qué se lo pide si va a dar un reparo suspensivo, Jiménez ha apuntado que a él no le dio nada y que la decisión la habría tomado con toda la documentación después.
El informe del secretario general técnico fue favorable al modificado al entender que, en base a lo que le había trasladado la dirección facultativa de la obra, «se justificaba la imprevisibilidad» de lo que provocaba el sobrecoste. «Como causa principal es la falta de adecuación del terreno al estudio realizado previsto», ha dicho, para justificar que dijera que era «ajustado a derecho».
También ha negado que haga «seguidismo» del Gobierno: «Para nada». «Con los informes que yo tengo hay causas de imprevisibilidad. Intervención pide más documentación y le ha dado total importancia a que hay una propuesta de la empresa», ha añadido.
