Pamplona (EFE).- La presidenta de Navarra, María Chivite, ha negado este viernes que los sobrecostes recogidos en el modificado de las obras de los túneles de Belate respondan a directrices políticas.
Así lo ha hecho en la Comisión de Régimen Foral del Parlamento foral, en la que ha estado acompañada de los consejeros de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, y el de Cohesión Territorial, Óscar Chivite. Ha explicado que «se están evidenciando distintos criterios técnicos, pero igualmente ningún interés político ni ninguna interferencia en el proceso».
«De hecho, el reparo suspensivo, que se puede gestionar de distintas maneras en la administración, pudimos haberlo levantado en una sesión de gobierno y no lo hicimos. Habría sido legal pero no hacerlo demuestra que no hay participación política de ningún tipo en todo el procedimiento de los túneles ni decisión alguna que pueda entenderse como favorecedora de una empresa o UTE», ha dicho.
Una infraestructura compleja
La presidenta ha insistido en que la voluntad del Gobierno es que las obras continúen y se culminen, como ya se decidió en 2019, para garantizar una circulación más segura y cumplir la normativa europea.
En este sentido, ha recordado que se trata de una infraestructura compleja y que las modificaciones y desviaciones presupuestarias son habituales en este tipo de obras, como ya ocurrió en actuaciones similares durante gobiernos de UPN.
Chivite ha añadido que, tras el parón navideño, las obras continúan y que los departamentos de Cohesión Territorial y Economía y Hacienda trabajan de forma coordinada en la resolución de los pagos a la UTE y en el diseño del nuevo modificado, con la participación de la Intervención General.
Por último, ha recalcado que su única decisión como presidenta ha sido de carácter político y estratégico: «Impulsar la ejecución de las obras para poner fin a más de una década de incumplimiento de la directiva europea de seguridad en túneles».
“He exigido que Belate deje de ser el último túnel de España en cumplir la normativa”, ha afirmado, insistiendo en que la adjudicación se realizó por una mesa técnica y que nunca hubo indicaciones políticas sobre a qué empresa debía concederse el contrato.
La oposición pide la dimisión de Chivite
Las explicaciones de Chivite y sus dos consejeros no han sido suficientes para los grupos de la oposición, que han pedido la dimisión de la presidenta y la convocatoria de elecciones.
El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha preguntado cuánto va a costar el nuevo modificado que plantea el Gobierno y ha catalogado de «fraude» el anterior. «La UTE obtuvo la puntuación porque dijo que se iba a hacer de una manera y luego mete un modificado. Es un proyecto irreal por el que se le adjudicó», ha criticado.
Por parte del PP, Javier García, ha criticado que «el Gobierno ha faltado a la verdad a la hora de explicar los hechos. El informe del interventor desmonta el argumento de su Ejecutivo». También ha señalado que en la remodelación del Gobierno faltó echar al consejero de Cohesión Territorial.
Emilio Jiménez, de Vox, en línea con el resto de la oposición, ha señalado que la única salida que le queda a la presidenta es la «dimisión».
Los socios y EH Bildu critican el «relato» de UPN
La portavoz socialista, Ainhoa Unzu, ha criticado que los gobiernos de UPN «pasaron el marrón a otros» y «no tomaron ni una decisión», antes de resaltar que la intención de los socialistas es «culminar la infraestructura».
La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha dicho que, «si el objetivo de UPN es crear una comisión de investigación paralela, lo está consiguiendo». «El informe (de Intervención) nos pareció contundente», ha dicho, antes de explicar que no consentirán que se pague ni un euro público que no esté «amparado por Intervención».
Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha reiterado la posición de su coalición, y ha recalcado que «asumir errores no debilita, fortalece. La transparencia fortalece la relación con los socios».
Por parte de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha dicho que esta comisión no es para pedir explicaciones, sino para que «UPN insista en su relato». También han anunciado que serán igual de exigentes con el segundo modificado.
La presidenta Chivite ha cerrado la comisión en un turno en el que ha señalado que su deseo para 2026 es «que el juez investigue la adjudicación de Belate» porque UPN «va a tener que pedir perdón a los navarros». «Sus falsas acusaciones manchan la imagen de Navarra. Ese es mi deseo para 2026. No tengo ningún miedo», le ha dicho al portavoz regionalista.
