Pamplona (EFE).- La directora de la Oficina Anticorrupción (OANA), Edurne Eguinoa, ha avanzado este miércoles que existen dos nuevas denuncias anónimas en los expedientes analizados sobre dos lotes de VPO en Ripagaina, que fueron analizados tras la petición del Gobierno Foral sobre todos los contratos públicos adjudicados a empresas que aparecen en el informe de la UCO.
Eguinoa ha comparecido en la Comisión de Investigación sobre licitación de obras públicas que se celebra en el Parlamento de Navarra, donde ha señalado que a raíz de los expedientes analizados, dos personas «anónimas» han formalizado denuncias que habrá que analizar.
Adjudicación nula de pleno derecho
Fue la presidenta del Gobierno Foral, María Chivite, quien solicitó informes a la OANA tras conocerse el informe de la UCO. La Oficina señaló, entre otros asuntos, que la adjudicación de la duplicación de los túneles de Belate era «nula de pleno derecho».
En los expedientes en los que se han recibido las nuevas denuncias, la OANA concluyó que el contrato para la construcción de 62 viviendas de protección oficial (VPO) en Ripagaina (Pamplona), promovido por Nasuvinsa y adjudicada a Acciona y Servinabar, incurrió en «irregularidades graves» que lo hacen nulo de pleno derecho.
Además, detectó irregularidades en el contrato de construcción de 46 VPO en Ripagaina en 2022, adjudicado a una UTE formada por Acciona y Servinabar, que ponen en cuestión la legalidad del procedimiento.
Sobre estas nuevas denuncias ha dicho que todavía están pendientes de la resolución de inicio y de tener un instructor.
No procedía hacer alegaciones
El Gobierno de Navarra presento alegaciones cuando se conoció el contenido de los informes, algo que, según la directora de la OANA, no correspondía, por no tratarse de un proceso de denuncia, sino a una «auditoría de cumplimiento normativo».
Ha explicado que cuando es un proceso de denuncia, se inician dos meses en los que si se ven indicios de ilegalidades hay seis meses de investigación, algo que no existió en este caso, al no existir denuncias previas. En los casos en los que se investiga, hay un periodo de alegaciones previo a la emisión de una resolución, pero no en el caso de la petición del Gobierno de Navarra, por lo que no se podían presentar alegaciones.
Los portavoces de EH Bildu y Geroa Bai han insistido en que los informes eran «de investigación» y que, por ello, el Gobierno consideró que debía presentar alegaciones. «No vamos a responder, pero no compartimos los argumentos las alegaciones», ha respondido Eguinoa.
Informes para «no seguir con un procedimiento contrario a la ley»
Edurne Eguinoa se ha ratificado en todo lo que recogen los informes de la oficina que dirige y ha señalado que sirvieron para «que no se siguiera con un procedimiento que era contrario a la ley».
La directora ha señalado que la oficina analizó la mesa de contratación de Belate. «Los miembros pusieron de manifiesto la falta de una reunión presencial, ha fallado la deliberación. No se entiende muy bien la posición del presidente (de la mesa). Deliberar es clave, no solo votar. Nos ratificamos con más razón».
Además ha añadido que «no tiene sentido que las votaciones se envíen al presidente si éste es un técnico que también va a votar. Sería mejor enviárselas al secretario y que dé constancia de cuando entra cada votación».
También ha señalado que «lo lógico es que la obra siga en favor del interés general, sin perjuicio de que no se adjudicó conforme a la ley. Sería un desastre parar la obra».
El cambio de ubicación del secretario, una «represalia de manual»
La directora de la OANA ha considerado que el cambio de ubicación del secretario de la mesa de contratación, Lorenzo Serena, que fue enviado a una nave de Landaben fue una «represalia de manual» que «está recogida en la ley».
Ha indicado que es «inadmisible» una «represalia» a una persona que denuncia y también ha reconocido la «rápida actuación» del consejero Óscar Chivite que «lo readmitió en dos días». «A ese señor se le ha hecho mucho daño, no hay que frivolizar con estos asuntos», ha añadido.
