Pamplona (EFE).- La Policía Municipal de Pamplona ha desalojado esta madrugada a varias decenas de personas que residían de forma precaria en las ruinas del antiguo convento de las religiosas Agustinas, en el parque de Aranzadi.
Según ha explicado en rueda de prensa el concejal delegado de Acción Social, Txema Mauleón, se trata de una actuación programada ante el inminente inicio de obras y actuaciones en ese edificio de propiedad municipal para su rehabilitación y conversión en lugar de servicios para la ciudadanía.
Además, ha advertido de que el lugar resultaba peligroso por los posibles accidentes que se podían originar dado el precario estado del edificio, donde además no se dan las condiciones mínimas de salubridad, ha dicho para señalar que tras el desalojo se ha atendido a 98 personas, que se han derivado a diferentes alojamientos, si bien será para tres noches.
Ha sido una actuación «exquisita, hasta donde sabemos», ha refrendado el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea, sobre la actuación policial, tras la que no tienen datos de personas heridas. No obstante, colectivos sociales han informado de que algunos de los afectados se han autolesionado como protesta.
Las gestiones realizadas con estas 98 personas se reparte en 8 derivaciones al albergue de Trinitarios y otras 2 al albergue de Tudela. Además, 58 personas han aceptado la opción de hospedaje en hoteles y pensiones, y a tres se les ha incluído en el listado de habitaciones de alquiler para personas con ingresos.
A otras 5 personas se les ha derivado a otros municipios por estar empadronadas allí; a dos se les ha proporcionado billete de transporte para su desplazamiento a Barcelona y Valencia, respectivamente.
La lista se completa con 17 personas que han rechazado recursos o tenían alternativa habitacional y tres personas que no tienen derecho a recursos por estar previamente sancionadas por los servicios sociales tras haber mantenido comportamientos violentos en albergues previamente.
Tan solo tres días de alojamiento
Preguntados por la situación de esas personas en un futuro inmediato, dado que los protocolos de realojo ofrecido solo contemplan tres noches en albergues u hostales, ambos concejales han coincidido en enmarcar el problema en algo estructural que hay que acometer de raiz, y para lo que deberían colaborar todas las administraciones.
«Necesitamos actuaciones coordinadas, planificadas y sostenidas en el tiempo», ha dicho Abaurrea.
En todo caso, en cuanto a este desalojo de Abaurrea ha recordado que el edificio de las Agustinas, obra del reputado arquitecto Fernando Redón, es propiedad del consistorio gracias a un acuerdo de permuta llevado a cabo hacer años, aunque el no haber actuado en este tiempo ha llevado al deterioro del inmueble, sin uso desde 2011, y que desde 2019 ha servido habitualmente como refugio de personas sin hogar.
Ahora el consistorio tiene ya un plan para rehabilitar el propio edificio y usar la parcela aledaña, con un proyecto para residencia de mayores y apartamentos tutelados de 150 plazas y 10 millones de inversión, así como un servicio de neurorrehabilitación para personas sin recursos.
Residencia de mayores y huertos
También en el terreno aledaño se ampliará el parque de Aranzadi, con algunos huertos destinados a programa de inclusión social, todo ello enmarcado en un plan amplio «de rescate y puesta en valor del parque de Aranzadi», que ya preveía el desalojo de este edificio de quienes lo ocupaban «en constantes situaciones de riesgo de accidentes y factores de insalubridad».
Preguntado por una situación que podría asemejarse, con personas que pernoctan en el edificio abandonado de la antigua ikastola Jaso, Abaurrea ha advertido de que «desde la perspectiva jurídica» no se puede hacer la misma actuación, ya que este edificio no es municipal y además está pendiente de que un juzgado autorice la entrada. Aún así, ha asegurado que cuando se pueda, el desalojo será similar, «lo más respetuosa posible».
Sobre las varias personas, algunas de ellas hoy desalojadas de Aranzadi, a las que la pasada semana se les negó el empadronamiento en Pamplona, Mauleón ha asegurado que se ha debido a que acudieron a «un procedimiento erróneo» al no utilizar la unidad de barrio o en su caso el lugar donde residen para pedir este trámite.
«En Pamplona no se deja a nadie sin padrón si tiene derecho al mismo», ha asegurado Mauleón.
Colectivos denuncian el desalojo de Aranzadi «sin ninguna alternativa habitacional»
Colectivos sociales como «Negu Gorriak» o el «Etxebizitxa Sindikatu Sozialista Iruñerria» han denunciado la actuación del Ayuntamiento de Pamplona con el desalojo de un centenar de personas de un edificio municipal del parque de Aranzadi en el que pernoctaban en situación precaria pero a quienes no les espera «ninguna alternativa habitacional».
Después de que el Ayuntamiento haya justificado la actuación por el inicio de obras en el recinto y haya anunciado que a su salida de Aranzadi se les ha gestionad otros alojamientos, en su gran mayoría para tres noches, Negu Gorriak lamenta en una nota que varios de los jóvenes «se han autolesionado como forma de protesta ante lo que estaban viviendo».
Este colectivo asegura que para acceder a estas alternativas, los servicios sociales han exigido a estas personas, en su mayoría jóvenes de origen magrebí en situación de sinhogarismo, la incautación de los pasaportes, «una medida que, a escasas semanas de iniciarse un proceso de regularización no solo es absurda, sino innecesariamente cruel».
La intervención en un momento que «no es casual»
Asegura Negu Gorriak que también ha habido detenciones de personas, un extremo que no han confirmado desde el consistorio.
«El momento elegido para el desalojo no es casual», advierte este colectivo al explicar que para este próximo sábado decenas de colectivos habían hecho un llamamiento para acudir a «limpiar, acondicionar y dignificar el espacio de Aranzadi», pero el Ayuntamiento ha actuado «de forma premeditada y consciente para evitar que ese acto de solidaridad comunitaria se materializara».
Se trata para ellos de un «sabotaje institucional a la autoorganización popular» y demuestra que «la línea política de la extrema derecha en materia migratoria está ya plenamente instalada en Euskal Herria, con independencia del partido que gobierne en cada caso».
Por su parte, desde el colectivo Etxebizitxa Sindikatu Sozialista Iruñerria ha asegurad que con este «desahucio» el Ayuntamiento ha contribuido a «empeorar más si cabe la ya extremadamente grave situación que viven estas personas, sin dar ningún aviso ni ofrecer alternativas. Ni siquiera les han dejado margen para recoger sus propiedades. Entre estas propiedades se encuentran los documentos necesarios para poder legalizar su situación administrativa».
Con todo ello, han advertido de la «grave situación» de los cientos de personas que se encuentran en situación de calle en la comarca de Pamplona, de forma que sólo en la zona de Aranzadi, la Policía ha identificado en el último año a unas 215 personas que, además del antiguo convento, viven en otros edificios y en asentamientos construidos con tiendas de campaña.
