Pamplona (EFE).- El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha señalado este lunes que la proposición de ley de UPN sobre conciertos educativos «tiene visos de inconstitucionalidad» y supondría «caos e incertidumbre» para la «mayoría social» de Navarra.
Gimeno ha comparecido en rueda de prensa para avanzar líneas del informe que el departamento trasladará a los grupos parlamentarios este mismo lunes sobre la proposición de ley de UPN.
«Por intentar recuperar 15 unidades de la red concertada que no son necesarias se pone en riesgo la planificación educativa», ha señalado.
Visos de inconstitucionalidad
Según recoge el informe, la proposición presenta visos de inconstitucionalidad porque invade competencias que la legislación básica atribuye a las administraciones educativas.
También podría afectar a la regulación contenida en el artículo 27 de la Constitución Española que establece como derecho fundamental el derecho a la educación.
Además de las profundas discrepancias jurídicas sobre la propuesta de UPN, Gimeno ha advertido a las familias navarras de las redes educativas pública y concertada y a los docentes de la Comunidad Foral de las «gravísimas consecuencias» que puede acarrear la proposición de ley si es aprobada en el Parlamento Foral.
El debate en torno a las ratios
El consejero ha explicado que UPN quiere mediante esta proposición de ley reducir las ratios en la educación concertada y al mismo tiempo mantener el próximo curso las unidades públicas y concertadas existentes en el curso actual.
De forma, ha añadido, que haría imposible la ampliación de nuevas unidades afectando gravemente al proceso de admisión de alumnado para el curso 2026-2027 que ya está muy avanzado.
Según ha explicado, si se aprobara la proposición de ley de UPN, Educación debería rehacer la adjudicación definitiva de puestos escolares en 1º de Infantil (aulas de 3 años) de centros concertados aplicando una ratio máxima de 23 alumnos y alumnas por aula en vez los 25 estipulados ahora en la normativa.
El número de afectados, impredecible
Esto significa que las vacantes disponibles en la mayoría de los centros concertados se reducirán y habrá alumnado que al tener que repetirse el proceso de admisión no va a tener la plaza escolar previamente adjudicada con carácter definitivo.
“El número total de afectados es impredecible” ha anunciado el consejero, “puesto que, al tener que volver a resolver las admisiones, todas las solicitudes entrarían en juego con muchas menos plazas disponibles”.
Así ocurrirá, por ejemplo, en centros como San Ignacio, Liceo Monjardín, Irabia o Miravalles, en Pamplona y comarca, o en Compañía de María de Tudela. Los alumnos y alumnas sobrantes deberán ser escolarizados en otros centros, bien concertados o públicos.
El consejero, perplejo
Gimeno ha expresado su perplejidad por una propuesta que va a afectar gravemente a la garantía de libertad de las familias para elegir la educación que quieren para sus hijas e hijos. “En este momento”, ha dicho el consejero, “en la asignación provisional de plazas del procedimiento de admisión de 3 años para el curso 2026-2027, el 98,9 % del alumnado ha obtenido plaza en su primera opción».
«Con la proposición de ley de UPN -ha continuado- este porcentaje se verá significativamente disminuido como consecuencia de la reducción de vacantes en los centros concertados por la baja general de ratios”.
Afecciones en la red pública
Pero las consecuencias del “despropósito” de UPN, ha añadido Gimeno, alcanzarán de lleno a las familias de la red pública. Como ejemplo ha señalado que en aquellos centros en los que las solicitudes de preinscripción deberían permitir un aumento de unidades en 1º de Infantil no habrá vacantes para todos y habrá alumnado desplazado a otros centros, públicos o concertados.
Esto pasará en el colegio público Huertas Mayores de Tudela, donde 17 alumnos y alumnas se quedarían sin plaza, o en el colegio de Falces, donde Educación no podrá abrir la unidad de modelo D para 13 familias que han solicitado admisión para sus hijas e hijos.
El Departamento está analizando incluso si esta proposición de ley obligaría a desplazar de sus centros actuales a alumnado de 2º de Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria y 1º de ESO debido al rango legal de la iniciativa.
Elaboración de plantillas, otra consecuencia
Otra de las graves consecuencias que la aprobación de la proposición de ley causará, ha recordado Educación, afecta al proceso de elaboración de las plantillas de los centros educativos.
Estos están elaborando ahora sus plantillas para el próximo curso con la intención de establecer la adjudicación de contratos en el mes de junio. Si se aprueba la propuesta de UPN «habría que rehacer todas las plantillas y los centros no conocerían en el mes de junio su plantilla ni el profesorado que aspira a contratos administrativos tampoco su destino».
“Quien apoye esta ley deberá explicar quién sale ganando. Porque a la vista del informe que estamos terminando y de lo que estamos contando, la mayoría social de Navarra sale perdiendo”, ha remarcado el consejero, quien ha tendido la mano a los grupos que quieran hacer propuestas.
