Pamplona (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha analizado en Pamplona con agentes sociales y entidades colaboradoras el proceso de regularización de inmigrantes, ha denunciado la «irresponsabilidad» de las comunidades autónomas que no están dimensionado sus servicios públicos para la atención a estas personas.
Tras resaltar a los medios de comunicación que «hay quien está interesado en crear esa preocupación, en culpar a las personas migrantes», la ministra ha censurado la «irresponsabilidad» de presidentes y presidentas de comunidades autónomas que «no dimensionan los servicios públicos a las personas que tienen que atender».
«Me parece una irresponsabilidad celebrar que la Comunidad crece precisamente por la mano de obra, muchas veces extranjera, y sin embargo, dejar morir los servicios públicos con privatizaciones, para luego culpar a las personas extranjeras de esa falta de servicios públicos en cosas que son competencia de las comunidades autónomas», ha declarado.
«Me refiero a la educación, al acceso a la vivienda o la sanidad», ha indicado en una comparecencia en la que ha estado acompañada por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; y la vicepresidenta y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro.
Un llamamiento a la responsabilidad
La ministra ha recalcado que este proceso «es un hito en esta legislatura» y «va a dar visibilidad a miles de personas que van a partir de ahora a tener derechos y también obligaciones». Detrás de cada una de estas personas, ha enfatizado, «hay historias de vida, historias de esperanza, historias de ilusión».
Al respecto, ha aseverado que este procedimiento extraordinario «va a aportar prosperidad a los territorios» desde la perspectiva económica y del empleo y ha puesto de relieve que, según transmiten las entidades sociales, los inmigrantes residen en casas más pequeñas y hay inmobiliarias que están aceptando «cláusulas racistas».
Ha apelado por ello a la responsabilidad, porque «hablamos de personas que ya están aquí, hablamos de un procedimiento que da derechos y obligaciones a personas que ya están, que ya llevan a los hijos al colegio, que ya viven en nuestros barrios, en nuestros pueblos y en nuestras ciudades».
Saiz ha explicado que el procedimiento de regularización «va absolutamente según lo previsto» y beneficiará a unas 500.000 personas, aunque las cifras todavía no son oficiales.
Una decisión «valiente»
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha subrayado que «hay que apostar por que esta regularización salga y salga bien», primero porque es una cuestión de Derechos Humanos, ya que «son personas que viven aquí, que viven con nosotros, que comparten clase con nuestros hijos, que comparten también trabajo, que cuidan a nuestros mayores y lo hacen en una situación de irregularidad».
También por una cuestión económica, porque su trabajo genera riqueza, y porque beneficia al mercado laboral. «Todos los días me reúno con empresas que me trasladan su problema para tener mano de obra», ha apuntado,
«Este proceso de regularización es oportuno, es una decisión valiente del Gobierno de España y, por supuesto, el Gobierno de Navarra está para colaborar y para que este proceso salga bien», ha comentado Chivite.
La presidenta ha aludido a «esa derecha reaccionaria que habla de la prioridad nacional» y ha aseverado que ella no le gusta hablar «de navarros de primera y navarros de segunda. Aquí se trata de que todos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones, por eso este proceso tiene que salir bien».
Satisfacción en el Gobierno
La delegada del Gobierno, Alicia Echeverria, ha manifestado que están «plenamente satisfechas» de la forma en que ha comenzado el proceso de regularización y ha agradecido su ayuda a las entidades colaboradoras, porque «están haciendo un trabajo extraordinario».
También ha agradecido su trabajo a las administraciones públicas, como el Gobierno de Navarra, «por esa actitud proactiva de información y de apoyo», y a los servicios sociales, tanto municipales como de mancomunidades, «que están haciendo el esfuerzo de reorganizarse, de reforzarse, para que este procedimiento siga siendo un éxito».
La «prioridad navarra»
Por su parte, la consejera Begoña Alfaro se ha mostrado orgullosa «del tejido social que tenemos en nuestra comunidad» y de cómo estas entidades «han dado un paso adelante y se están volcando en ayudar a la población más vulnerable de nuestra Comunidad».
«Frente a esas prioridades de la ultraderecha, desde luego, lo que defendemos desde el Gobierno de Navarra es una prioridad navarra, entendiendo esa prioridad Navarra o entendiendo como navarro o navarra a todo aquel que vive y toda aquella que vive aquí con nosotros, con independencia del lugar de origen o del lugar de nacimiento», ha resaltado.
En Navarra, ha agregado, «no somos ni vamos a caer en posiciones supremacistas y, desde luego, desde el Gobierno tenemos claras cuáles son nuestras prioridades».
Los sindicatos, dispuestos a colaborar
Ha tomado la palabra asimismo el secretario general de la UGT de Navarra, Lorenzo Ríos, quien ha afirmado que «la razón fundamental por la que estas personas tienen que tener una regularización es porque tienen derechos como el resto de trabajadores. Y, si no se respetan sus derechos, eso se aprovecha en la economía sumergida para explotarles y para que no se pague un precio justo de trabajo».
El secretario general de CCOO de Navarra, Josema Romeo, ha asegurado que lo destacable es que «son personas. Al final no nos damos cuenta de que llevan con nosotros mucho tiempo, que son trabajadores y trabajadoras, y ahora van a serlo con derechos. Creo que esto es bueno para el tejido productivo de Navarra».
