Pamplona (EFE).- El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, ha asegurado rotundo que en este órgano jurisdiccional «no se hace política». Ha reconocido como «doloroso» que susciten suspicacias sentencias de magistrados tildados de ‘conservadores o progresistas’ porque todos aplican la misma ley en un sistema democrático como el español.
«Las decisiones judiciales se pueden criticar, faltaría más», ha defendido el magistrado, quien lo ha considerado «legítimo en una sociedad libre» como la española. Pero «lo que no cabe es que esas críticas no se dirijan a la sentencia sino a las personas, particularmente cuando estas investigan determinadas causas y se duda de la independencia del juez».
Para la justicia es «terrible» que un fallo se vincule con la adscripción del juez que lo firma a determinada asociación o se le tilde de «progresista o conservador», etiquetas que a su juicio «no responden a la realidad. El juez debe ser independiente hasta de sus propias convicciones», ha dicho para reconocer que a un juez puede o no gustarle una ley «pero tiene que aplicarla».
Preguntado en concreto por la decisión del juez Peinado de encausar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Fernández ha advertido de que no podía hablar de las causas, pero ha defendido que las decisiones de los jueces son «motivadas, susceptibles de recursos -como ha ocurrido en este caso- y en un proceso con todas las garantías».
Competencia exclusiva contra el crimen organizado
Lo ha defendido Fernández en el «Foro SER Navarra», en el que ha intervenido con una conferencia titulada «La Audiencia Nacional, garante del Estado de Derecho», en la que ha abordado los principales retos de este órgano, para el que dada su evolución y transformación del delito ha reclamado más competencias, como la integral de la criminalidad organizada.
Así, y dado que hay causas que hoy se ven en los órganos judiciales territoriales, su reclamo «no supone desconsideración» hacia ellos, «al contrario», sino que pretende mejorar con más coordinación, incluso para atender a implicaciones internacionales, el agrupamiento de su conocimiento sobre trata, pornografía infantil, cibercriminalidad o narcotráfico.
Preguntado por la puesta en libertad reciente de dos presos condenados a largas penas por sus delitos dentro de ETA, Fernández se ha remitido a la Constitución y a las leyes a las que se «deben» los jueces, aunque ha reconocido el «impacto en las víctimas» que esto supone y que «debe de ser tenido en cuenta por las autoridades penitenciarias», ha dicho tras reconocer que en su día no se tuvo en cuenta en este proceso decisorio a los particulares.
Contención ante los insultos
Además ha sido cuestionado por los indultos, una figura que «exige un grado de contención y ser consciente de que se está anulando una decisión» tomada por un juez con todas las garantías procesales.
En cuanto a la petición de asumir en exclusiva los delitos del crimen organizado, ha señalado que perseguirlo desde las audiencias provinciales «lo tienen más difícil que nosotros, sin ninguna duda, por especialización, por dificultades técnicas e incluso por la corrupción que a veces lleva aparejada la actividad delictiva».
Ese agrupamiento en un único órgano judicial redundará en el beneficio de la investigación, aunque «exigirá lógicamente la dotación de más recursos, actualmente insuficientes en el caso del número de jueces, dada la enorme carga que asumimos» en formas delictivas «muy complejas».
«La justicia no puede estar robotizada»
La ayuda de la Inteligencia Artificial ha sido otro de los asuntos de comentario, por la que este magistrado ha abogado a incorporar como «carácter instrumental» pero para su aplicación de la ley, ya que la función judicial «exige un conocimiento profundo del derecho pero también incorporar otras cosas que la IA no da ni nunca dará. La justicia no puede estar robotizada», ha alertado.
Creada para investigar y juzgar el crimen organizado, la Audiencia Nacional «no es un tribunal de excepción». «No tenemos nada que ver con el tribunal de orden público de la dictadura», ha planteado Fernández en la descripción de este organismo para alejar tópicos de los que a su juicio se ha rodeado en sus casi 50 años de funcionamiento, en los que ha visto desaparecer ETA y Grapo pero no ha dejado de atender casos de narcotráfico en una actividad delictiva cada vez más compleja.
«De los 500 presos preventivos que actualmente están en los órganos de instrucción de la Audiencia Nacional, dos tercios son por delitos de narcotráfico», ha subrayado un Fernández preocupado ya no solo por los riesgos que para la salud conlleva el consumo de drogas, sino por los delitos que habitualmente apareja su tráfico como son los de blanqueo, contra el medio ambiente o de corrupción».
La corrupción en España
Y todo ello mueve una cantidad tal de dinero que «pone en riesgo» el funcionamiento de algunos estados, una amenaza que pese a que parece lejos de afectar a la Unión Europea, «no podemos ignorar».
«La cantidad de dinero que genera la droga es de tal magnitud que es superior a determinados PIB de algunos países, donde sus instituciones se resquebrajan porque es más poderoso el narcotráfico que las fuerzas que lo combaten».
Y a esta preocupación ha sumado la de las causas de corrupción que también competen a la AN, consciente de que este delito «carcome el sistema democrático» y contra el que «la verdadera solución es tomar medidas preventivas».
Asimismo, Fernández ha señalado que la AN es la encargada de investigar delitos fuera del territorio nacional que competen a España, aunque solo «en determinados casos», con un «anclaje nacional» para le conocimiento de los delitos y con la necesaria cooperación internacional. El año pasado la AN tramitó más de 2.000 solicitudes de cooperación (el triple que hace 20 años) y unas 700 extradiciones.
